Orihuela exigirá al PP que pague la indemnización de la basura

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela acordó ayer a propuesta del equipo de Gobierno (integrado por el PSPV, Los Verdes y Centro Renovador Liberal) remitir al juez la sentencia que anula la contrata de la basura, adjudicada por el anterior ejecutivo del PP, para que aclare cómo ejecutar el fallo. El pleno también acordó que, una vez el juez resuelva cómo aplicar el fallo y si ello conlleva un perjuicio para las arcas municipales, exigir que sean los 14 ediles que votaron a favor del acuerdo los que hagan frente con su patrimonio personal al pago de la posible indemnización.

La sentencia se produjo a raíz de una demanda de uno de los aspirantes, la firma Urbaser, que reclamaba la concesión o, en su defecto, una indemnización por lucro cesante. La firma no ha concretado la indemnización, pero fuentes municipales sitúan esa cifra en unos 10 millones de euros. A raíz de un recurso de mercantil Urbaser, el Juzgado número 1 de Elche declaró nula la adjudicación, aprobada en octubre de 2008 (con el PP en Gobierno local) en favor de una UTE, integrada por las firmas Sufi, Liarsur y Goban. El fallo del juzgado fue ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Escándalo del soborno

Antes de la adjudicación, en concreto en diciembre de 2009, la exalcaldesa del PP, Mónica Lorente declaró desierto el concurso para adjudicar la basura del municipio. La iniciativa de la exregidora se produjo tras el escándalo de un supuesto soborno de Urbaser por el contrato, contenido en una conversación grabada entre el empresario Ángel Fenoll y el exconcejal Ferrández, del Centro Liberal [y no del Centro Liberal Renovador como se dijo en la edición del miércoles]. Esa cinta dio origen al conocido caso Brugal.

Lorente retomó el contrato con un nuevo pliego, que se adjudicó en octubre de 2008 a la UTE Sufi, Liasur y Gobancanst. La investigación del caso Brugal sostiene que las dos últimas firmas son una tapadera de Fenoll para hacerse con el contrato.

Por otro lado, los propietarios de las 8.000 casas que, según estimaciones del Ayuntamiento de Orihuela, están "fuera ordenación" podrán acogerse de forma voluntaria a un plan impulsado por el Gobierno local para su regularización, que cuenta con el visto bueno del Consell.