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El Tribunal Superior ratifica la imputación al dueño de Martinsa en el 'caso Gürtel'

El expresidente del Real Madrid pagó 11 millones de euros a Francisco Correa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), actuando como ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, confirmó en un auto del pasado 13 de octubre que la decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de citar a declarar como imputado al presidente de la promotora Martinsa, Fernando Martín Álvarez, fue conforme a la legalidad. De esta forma, la Sala mantiene al empresario su situación de imputado en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.

El dueño de Martinsa está imputado en el caso Gürtel por su relación con la comisión presuntamente ilegal cobrada por el cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el sumario, este percibió más de 11 millones de euros por intermediar con el exalcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas.

La investigación policial, que incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones, cifra récord en la instrucción del caso Gürtel.

Martín, que acudió a la sede del TSJM el pasado 14 de julio a declarar como imputado, al ser citado por Pedreira, se negó a testificar, pero leyó un comunicado en el que aseguraba no haber hecho negocios con los miembros de la red presuntamente dirigida por Francisco Correa. Pedreira se inhibió del caso después de que los diputados de la Asamblea implicados en la trama dimitieran -y por tanto perdieran su fuero-, días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello plantearía el regreso del caso a la Audiencia Nacional, donde se inició la instrucción, pero este se encuentra paralizado por los recursos presentados a la inhibición. La defensa de Martín considera que el apartamiento de Pedreira le obligaba a postergar las decisiones sobre los nuevos imputados, como Martín o Elena Villarroya, exmujer del que fuera regidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Sin embargo, el auto del TSJM sostiene que, hasta que la inhibición no sea firme, la continuación de la instrucción "es obligada": "Es efectivamente anómala, desde el punto de vista procesal la situación de la causa, al haber declarado esta Sala que ya no le corresponde continuar el conocimiento del asunto, decisión con la que, además, están todas las partes de acuerdo", argumenta el auto. Pero ante la imposibilidad de remitir, por ahora, la causa al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la investigación no puede verse paralizada: "De hacerse así podrían desaparecer fuentes de prueba o producirse circunstancias que dificultaran o impidieran la persecución de hechos delictivos, como la prescripción de la infracción criminal por inactividad procesal". El escrito del presidente del TSJM asegura que todas las diligencias practicadas por los sucesivos instructores "son perfectamente válidas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de octubre de 2011