Solo Gipuzkoa apoya al Gobierno para agilizar la revisión fiscal

Las Diputaciones de Bizkaia, principalmente, y Álava no están por labor de agilizar la revisión de la situación fiscal del País Vasco en base al plan de mesas de trabajo que propuso ayer el Gobierno vasco durante la reunión técnica del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Ante esta situación, Gipuzkoa ya ha adelantado su voluntad de marcar un ritmo propio para sacar adelante las propuestas en las que quiere marcar su impronta y que se refieren al Impuesto de Patrimonio y a las nuevas bases del IRPF.

Desde el Gobierno vasco se advirtió ayer de una posición "dilatoria" por parte de Bizkaia que, según su análisis, "arrastra" por el camino a Álava y así se hace imposible un trabajo de unidad. El punto de partida surge de la propuesta hecha en julio por el lehendakari, Patxi López, pero se plantea a modo de documento de trabajo para introducir las variables que se entiendan convenientes de cara a una lógica armonización fiscal. Para ello, desde Economía se sugieren una serie de mesas de trabajo para ahondar en la viabilidad de las diferentes propuestas. Pero es aquí, según fuentes de Lakua, donde Bizkaia y Álava "prefieren darse tiempo". Como medida aleccionadora, Gipuzkoa avisó de que si "no ve voluntad de acuerdo", continuará "con su reforma fiscal" que ya ha adelantado.

El Ejecutivo lleva al OCT la propuesta que el 'lehendakari' hizo en julio

A modo de abrir el debate, el Gobierno presentó en el encuentro de la OCT una serie de propuestas en materia del Impuesto de Patrimonio, del IRPF y del fraude fiscal. De hecho, se contempla un gravamen en Patrimonio a partir de un mínimo exento de 300.000 euros y de un valor en la vivienda habitual de 400.000 euros. En cuanto al IRPF, el marginal diferencial del 46% se aplicará a los ingresos superiores a 90.000 euros al año y de un punto más, 47%, a partir de los 120.000 euros. Dentro de la actuación fiscal, a su vez, se pondrá especial hincapié en la supresión de las bonificaciones de rescate inmediato en las aportaciones que se realicen a cuentas de las EPSV y de los fondos de pensiones.

El Gobierno vasco admitió anoche que no quiere hacer "maximalismos" en la presentación de estas propuestas habida cuenta de la capacidad tributaria de las Diputaciones, pero insiste en la necesidad de acometer "sin más dilaciones" este debate que se viene postergando fundamentalmente por posiciones políticas en unos momentos especialmente delicados por la caída de las recaudaciones y la menor capacidad de gasto de los gobiernos forales.

De momento, ante la falta de acuerdo detectada en la reunión de ayer, el Gobierno ha emplazado a las Diputaciones a mantener nuevas reuniones en este órgano de coordinación, aunque no se ha podido precisar agenda alguna. Incluso, en el ánimo de alguna de las dos Diputaciones poco propicias a proseguir con esta serie de encuentros se dejó caer la posibilidad de retrasar el debate hasta el próximo Consejo Vasco de Finanzas.

Para el Ejecutivo, los plazos también son importantes "porque no se puede estar dilatando decisiones sobre fiscalidad si se quiere llegar a tiempo para aplicarlas en 2012". No obstante, en base al clima detectado en el encuentro de ayer las posibilidades de este acercamiento se antojan harto complicadas y toma cuerpo la idea de que las Diputaciones pudieran tejer por su cuenta un ámbito de entendimiento para alcanzar la armonización fiscal que se pretende sin contar con la presencia directa del Gobierno vasco y así entregarle una oferta cerrada. Eso sí, Gipuzkoa insistió en sus críticas a "los retrasos" que se vienen acumulando en materia fiscal.