PSE y PP avanzan en el cambio de ayudas sociales

El Parlamento dio ayer el paso previo para aprobar la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social aprobando el dictamen que se debatirá en el pleno de la Cámara en las próximas semanas. Sin sorpresas, pero con muchas críticas, los votos de PSE y PP sacaron adelante la reforma, cuyo aspecto más polémico ha sido el endurecimiento de los requisitos de acceso a las ayudas, sobre todo para los inmigrantes.

"Probablemente en otros momentos no hubiéramos aceptado", reconoció la portavoz en materia social de los socialistas, Teresa Laespada, que segundos más tarde hizo suyo uno de los argumentos aportados por el PP asegurando que "el sistema está pagando a personas que no lo merecen". Laespada explicó su postura asegurando que las opciones eran trabajar en un acuerdo con el PP o aceptar lo que pedía el resto, llevar las Ayudas de Emergencia Social (AES) a Lanbide, algo a lo que el Gobierno se opone tajantemente. La portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, negó que existiese tal escenario y aseguró que se podría haber alcanzado un acuerdo con tal de no endurecer los criterios de acceso. "La modificación principal es reducir el universo de perceptores y no llevar a Lanbide la gestión de ayudas", aseguró Ezenarro, que acusó al Gobierno de "recortar las ayudas sociales para cuadrar los presupuestos".

Mientras que desde el PP Laura Garrido se congratulaba por haber logrado introducir cambios en la línea de lo que se proponían en 2008, el PNV, apostaba por centrarse en las enmiendas de su partido sin referirse a la polémica -se abstuvieron en el artículo que se refuere al requisito de empadronamiento-. Mikel Arana (EB) aseguró que la ley "es peor ahora que la que entró en la Cámara", Juanjo Aguirrezabala, de EA, lo calificó como "un retraso inaceptable que se carga el sistema de protección social".

Coincidiendo con este debate, partidos políticos, asociaciones y sindicatos, en total más de un centenar de organizaciones, censuraron la reforma legal ayer en Bilbao y exigieron a PSE y PP que retiren el pacto alcanzado en esta materia porque "criminaliza la pobreza".