Frente común contra la reforma de la PAC

El Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre la posición de rechazo que defenderá el Gobierno ante las próximas negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que supone para España unos pagos anuales totales superiores a los 7.000 millones de euros.

Tras la presentación oficial de la propuesta, los debates sobre la misma se inician esta misma semana en el seno de los ministerios de Agricultura de la UE. Estas negociaciones se prolongarán durante el próximo año y medio y no se cerrarán hasta que se conozcan las cifras de las perspectivas financieras en la UE de 2014 a 2010.

En medios de la Comisión se asumen las críticas del sector agrario y de la propia Administración al contenido de la propuesta, pero se critica que España haya sido uno de los países que ha presentado menos iniciativas.

España fue en 2010 el segundo perceptor de ayudas tras Francia

El Ejecutivo español defenderá una estabilidad en las dotaciones presupuestarias y el mantenimiento del sobre nacional (el volumen de ayudas). Ambas partes coinciden en el rechazo a una cofinanciación nacional en desarrollo rural superior al 50%. España no se opone a una progresiva equiparación de ayudas por hectárea entre países, pero considera que esos recursos deberían proceder de otros fondos y no de las ayudas directas que cobran los agricultores.

El pacto contempla el rechazo a que el 30% de las ayudas esté condicionado al cumplimiento la política "de verdeo", que supondrá unas mayores exigencias en materia de rotación de cultivos, mantenimiento de pastos y abandono de tierras.

El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, considera que el sector ya cumple exigencias medioambientales que deberían ser suficientes para acceder a ese pago, y que se debería considerar también el efecto sumidero de CO2 que tiene cultivos permanentes como olivar o frutales. Se reclama también un tratamiento especial para los regadíos que han mejorado estructuras.

Hay una oposición total a la propuesta de tarifa plana o pago base y se reclama que los procesos para la convergencia no supongan grandes cambios en la distribución de las ayudas entre regiones y cultivos.

En la politica de mercados, España defenderá la necesidad de que haya nuevos mecanismos para la gestión crisis.

Con relación a los agricultores "activos" como los destinatarios preferentes de las ayudas, la definición final propuesta por la UE es tan amplia que sólo deja fuera a grandes empresas como AENA, Renfe o algunos ayuntamientos. España defiende que haya mayores exigencias en el porcentaje de ayudas procedentes de la actividad agraria en el conjunto de los ingresos de un perceptor frente al 5% que se pide en la actualidad cuando no se trabaje como profesional del campo.

Tras este pacto, ambas partes deberán llegar a un acuerdo mucho más complejo para la redistribución del sobre nacional entre comunidades autónomas, regiones, sectores o cultivos. Bruselas deja la puerta abierta a cada Estado a todo tipo de opciones para acercar las ayudas medias por hectárea. Eso supondrá la existencia de grandes diferencias, con superficies con ayudas de más de 1.000 euros por hectárea, algunas de 100 euros y otras sin dotación, frente a una media nacional de 240 euros.

En 2010, de los más de 6.000 millones de euros pagados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) entre ayudas directas y mecanismos de mercados, 1.677 millones correspondieron a Andalucía; 1.031 a Castilla y León y 933 a Castilla-La Mancha, casi el 60%. La propuesta asigna a España para 2014 un montante de 4.935 millones de euros, a los que se suman otros 220 millones por el algodón y el Posei (especial por la insularidad) para Canarias.

España fue en 2010 el segundo país perceptor de fondos de la PAC, con 7.038 millones de euros, por detrás de Francia con 9.854 millones, y por delante de Alemania, con 6.239 millones.