Castedo ante el espejo de Briones

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, del PP, ha optado por el contraataque. Sin esperar al veredicto del juez sobre su imputación o no, ha lanzado un serial con dos objetivos: el primero, de carácter personal, es defender su inocencia en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final del trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el segundo, de índole corporativa, busca refutar que el Ayuntamiento (con su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y una oficina paralela, el bufete del hermano de Castedo) engordara con información privilegiada sobre el futuro PGOU el negocio urbanístico del promotor Enrique Ortiz.

Ni corta ni perezosa y, quizás, espoleada por la presión añadida del último aldabonazo de la investigación policial con nuevas revelaciones sobre la supuesta implicación del despacho de su hermano José Luis Castedo en la trama, la alcaldesa se ha puesto ante el espejo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones y los informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante.

El fiscal la acusa de favorecer al empresario a cambio de regalos

Los informes dicen que diseñó planes urbanísticos a gusto del promotor

La alcaldesa omite la acusación de dar a Ortiz información privilegiada

Considera que la investigación policial es "errónea e interpretativa"

Castedo ha aportado documentos que, en su opinión, dejan claro que Ortiz no sacó tajada del PGOU. Esta afirmación contradice otra del empresario recogida en las escuchas del sumario del caso Brugal, en la que Ortiz cifraba el monto del pelotazo en 120 millones de euros por el método de acaparar suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos a los futuros sectores urbanizables en los que tiene el control hegemónico.

La alcaldesa ha pasado de puntillas sobre el supuesto trasvase de datos privilegiados al empresario Ortiz, recogido en decenas de conversaciones entre ambos. Las escuchas desvelan comentarios tales como "te he apañado lo del APA-9 y lo del Rico Pérez", "tú mandas", o mensajes al redactor del PGOU, Jesús Quesada, para reunirse con Ortiz.

La estrategia de la regidora para defender ante la opinión pública su inocencia -todavía no es parte de la causa, al estar únicamente acusada por Briones y no haber sido citada a declarar por el juez- ha sido simple. En cuatro entregas a la prensa ha confrontado la acusación del fiscal y de la Policía con documentos del trámite del PGOU, en las dos fases de alegaciones y el plan provisional de mayo de 2010.

Fue la propia Castedo quien el 25 de octubre de 2010 se encargó de difundir el escrito inicial de acusación de la rama del caso Brugal que investiga el PGOU, en el que el fiscal Briones distribuyó en cuatro grandes bloques las presuntas ilegalidades cometidas por Castedo.

Información Privilegiada. Briones acusa a Castedo de facilitar información privilegiada a Ortiz sobre el trámite del PGOU. Este apartado recoge una "reunión velada" entre el promotor y la alcaldesa en la gerencia de Urbanismo, otra para entregarle un plano y una tercera para darle el plan general.

Diseño a medida. En el segundo bloque, el fiscal acusa a Castedo de "diseñar y resolver a la medida de Ortiz" aspectos relevantes del PGOU. Entre estas actuaciones, Briones resalta el "apaño" de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU-3, el Estadio Rico Pérez y la recalificación de tres parcelas propiedad del promotor.

"Pacto velado". El tercer capítulo de la acusación del ministerio público versa monográficamente sobre el "pacto velado" entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el Rico Pérez en beneficio del empresario.

Regalos. Briones enumera las supuestas dádivas a Castedo por parte de Ortiz, entre las que destacan el regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo, vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, y un viaje a Ibiza en el yate del promotor.

La alcaldesa comenzó el pasado día 7 a desplegar su contraataque. Cada informe facilitado presenta la misma estructura: escrito introductorio y documentos del trámite de las actuaciones urbanísticas bajo sospecha y su plasmación final en el PGOU provisional. El serial tiene un nexo en común, la descalificación de la investigación policial, que es "errónea, interpretativa y valorativa", según Castedo.

Edificabilidad del APA-9. La primera entrega de Castedo versó sobre el supuesto incremento de edificabilidad en el sector APA-9. La regidora aportó documentos que indican que el plan, aprobado en 1993, sufrió modificaciones en 2003, 2004 y 2008 "sin que en ningún caso se experimentara aumento de edificabilidad".

Menos viviendas. La segunda entrega de Castedo fue para rebatir otros supuestos traje a medida al promotor Ortiz, en este caso a cuenta de dar más edificabilidad al PAU-3. La regidora mantiene que lo que ocurrió fue algo diametralmente opuesto, es decir, que con las diferentes modificaciones hubo una reducción de la densidad en esa zona, de 50 a 30 viviendas por hectárea. La regidora aprovechó esta entrega para cuestionar el conocimiento de la norma urbanística por parte de los investigadores.

Actuación transparente. El tercer capítulo fue para desmontar el pacto velado con Ortiz para la reforma del estadio Rico Pérez. Para la regidora, hay un dato significativo: La calificación del estadio y sus aledaños es en el nuevo PGOU la misma que en el de 1987, es decir, deportiva. Negó ningún pacto con Ortiz y defendió la "transparencia" del intento frustrado por reformar el campo.

Apaño obligado. En la cuarta entrega, Castedo admitió por primera vez que había hablado con Ortiz de un "apaño". Según la alcaldesa, de nuevo se produjo una mala interpretación de la Policía. En su versión, el apaño era para comunicar a Ortiz que había solucionado la modificación propuesta por el Ministerio de Fomento en los planes de Lomas de Garbinet y APA-9.

En cuanto a los supuestos regalos recibidos de Ortiz, Castedo los ha negado todos, salvo el viaje en yate.