El hermano de Castedo tacha de "infantil" la acusación policial sobre la trama del PGOU
El abogado y su socio, el exedil socialista Javier Gutiérrez, declaran como imputados ante el juez en el supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento de Alicante
José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha calificado esta mañana ante el juez como una "recreación infantil" la acusación de la policía y del fiscal en la trama que supuestamente amañó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El familiar de la alcaldesa y su socio, Javier Gutiérrez, ex edil socialista, únicamente han respondido a las preguntas de su abogado y has rechazado contestar a las partes contrarias, incluido el fiscal anticorrupción, Felipe Briones.
Tanto Castedo como Gutiérrez han negado que hubieran trabajo desde su despacho, Salvetti Abogados (creado justo cuando comenzó la redacción del PGOU) para Ortiz, que posee el 70% del suelo urbano de la ciudad. En concreto, Gutiérrez puntualizó que nunca ha trabajado para un monopolista del suelo urbano.
Los dos abogados urbanistas han declarado ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que dirige la investigación de esta rama del caso Brugal. El fiscal acusa a ambos del delito de tráfico de influencia y uso privilegiado de información. La policía sostiene que el despacho Salvetti Abogados fue una de las piezas clave de la supuesta trama corrupta. Señala que desde ese despacho, y por indicación expresa del ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, gestionaron diversas operaciones de compra de suelo protegido para empresas relacionadas con Ortiz.
La policía también mantiene que desde el despacho se gestionaron decenas de alegaciones al PGOU que les pudo reportar una ganancia de un millón de euros. Sobre este punto concreto de las alegaciones, Gutiérrez ha declarado que se limitaban a únicamente a motivar las mismas, pero que la decisión de aprobarlasa o rechazarlas les venía impuesta por el equipo redactor del PGOU.
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