El juez valida las escuchas policiales de las supuestas irregularidades del PGOU de Alicante

Un exdirectivo de Bancaja admite que se reunió con la alcaldesa y el bufete de su hermano durante el trámite del documento

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emitido un auto en el que valida las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en el caso.

El magistrado Manrique Tejada ha rechazado los recursos de las defensas que pedían la anulación de las escuchas por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los investigados. Según el auto, dictado el pasado 14 de octubre y comunicado a las partes ayer, el juez considera que no es el momento procesal oportuno para plantear este recurso. "El lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", afirma.

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En esta sumario el fiscal acusa por las supuestas irregularidades en el plan general a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El juez ya ha imputado a nueve de los acusados, entre ellos el promotor Enrique Ortiz.

La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario del caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de Sanmartín ha sido recurrido por la partes, incluido el fiscal anticorrupción, ante la Audiencia de Alicante.

Por otra parte, José Cortina, exdirector territorial de Bancaja, ha admitido esta mañana ante el juez Tejada que durante la tramitación del PGOU de Alicante mantuvo reuniones con la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el despacho de abogados del hermano de la regidora. Cortina ha declarado como imputado por los supuestos delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.

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