La trama municipal protagoniza el final del juicio de Malaya

El juicio del caso Malaya, la gran trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), entra hoy en su bloque final y más significativo, un año y 20 días después de su inicio, y tras haberse celebrado casi un centenar de sesiones. El cuarto y definitivo bloque, en el que se sentarán en el banquillo un total de 53 acusados, se centrará en el análisis de los supuestos cobrados por el considerado cerebro de la corrupción, Juan Antonio Roca, a empresarios y promotores con intereses urbanísticos en la ciudad.

Este dinero, más de 33,3 millones, sirvió, por un lado, para engrosar las cuentas corrientes de Roca y de sus sociedades, y, por otro, para sobornar a los concejales del Ayuntamiento de Marbella para que aprobaran convenios urbanísticos, agilizaran licencias de obra o hicieran la vista gorda ante irregularidades de todo tipo.

Sandokán, concejal en Córdoba, está acusado de dar a Roca 600.500 euros

Las aportaciones de los empresarios a las sociedades de Roca son de cuantía muy variada, y oscilan entre los 35.500 euros que supuestamente ingresó el promotor Cristóbal Peñarroya a cambio de obtener licencias de primera ocupación por silencio administrativo para 484 viviendas cuyas licencias habían sido impugnadas por la Junta, y los 6,8 millones. Esta cantidad la pagaron supuestamente los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor por unas operaciones inmobiliarias en parcelas de Marbella.

Entre los empresarios imputados por pagar sobornos a Roca figuran algunos tan conocidos como el constructor granadino José Ávila Rojas, que supuestamente abonó cinco millones entre 2001 y 2006 o Jesús Ruiz Casado, dueño de la promotora Aifos, al que se acusa de pagar 4,8 millones. También está el promotor y concejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez, Sandokán. El dueño de la promotora Arenal 2000 está acusado de entregar 600.500 euros a Roca a cambio de una licencia para construir un acceso directo al paseo marítimo de Marbella desde las oficinas de la promotora.

Gran parte de esta contabilidad aparece reflejada en los documentos intervenidos durante la Operación Malaya, en marzo de 2006, en las oficinas privadas de Roca en Marbella, por las que desfilaban empresarios y políticos para hacer sus negocios en la ciudad. De la llamada "caja única" de Roca salieron supuestamente pagos a los concejales, que eran los encargados de facilitar políticamente los designios del poderoso asesor urbanístico.

Los ediles recibían sus sobornos en función a su importancia en el Consistorio. Así, según la fiscalía, la exalcaldesa Marisol Yagüe, que llegó al primer sillón municipal en agosto de 2003 tras una moción de censura orquestada por Roca, cobró no menos de 1,85 millones de euros entre los años 2004 y 2006. La exedil Isabel García Marcos percibió, en entregas sucesivas, 312.000 euros. Parte de estos sobres con dinero fueron intervenidos en su domicilio particular en Málaga. La exconcejal declaró ante el juez que eran fondos de una herencia. En total, Roca destinó supuestamente 5,26 millones de euros en sobornar a una veintena de ediles y funcionarios municipales, entre ellos el entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.

Aunque el último bloque del juicio tiene como asunto estrella los cohechos de empresarios y concejales, en él se van a analizar otros asuntos colaterales como la tenencia ilícita de armas del policía Del Pozo, el caso de la venta fraudulenta del Rolls Royce del fallecido alcalde Jesús Gil o la supuesta entrega de vehículos de lujo a la alcaldesa Marisol Yagüe.