Un gran esfuerzo

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto fin al conflicto con los transportistas a cuenta del peaje de la Variante Sur Metropolitana. Y el conflicto se ha solventado como se solventan siempre los conflictos con la Administración: mediante la concesión de privilegios. Los vehículos pesados tendrán un descuento del 35%, los vehículos ligeros seguirán pagando el peaje original y el presupuesto del Departamento de Obras Públicas y Transportes deberá ser incrementado.

La apasionada defensa del Estado benefactor elude estas medidas, en las que el poder político satisface los intereses de un grupo económico transfiriendo su costo al conjunto de la ciudadanía. A esto se refería Frédéric Bastiat -un vasco cuyo nombre jamás será mencionado en nuestra heroica imaginería nacional- cuando aseguraba que el Estado es una ficción a través de la cual todo el mundo aspira a vivir a costa de los demás. Dice la Diputación que ha realizado "un gran esfuerzo" para resolver el conflicto. No es cierto. El esfuerzo lo van a hacer ahora los vizcaínos, a favor de un grupo con capacidad para desplazar parte de sus costos al presupuesto público.

Se dice que en el mercado rige el "sálvese quien pueda". Pero este consiste en acuerdos de cooperación, pacíficos y voluntarios, para la contraprestación de bienes y servicios a cambio de un precio. Cuando hay contraprestación es imposible que haya expolio. Donde sí rige el "sálvese quien pueda" es en el asalto al presupuesto público. Los asaltantes saben que la defensa del interés general es endeble entre responsables políticos que temen, sobre todo, una huelga sectorial, una manifestación, el boicot a una autopista o el corte de una carretera. Así se ganan privilegios sin dar nada a cambio.

Da grima que la clase política realice grandilocuentes apelaciones a la moralidad pública y exija de la ciudadanía sacrificios aún mayores para sostener un sector público que abarca ya la mitad de todo lo que existe. Lo primero que debería hacer es defender mejor el interés general. Y habría un buen criterio para guiar su conducta: imaginar que el dinero con el que negocian, en vez de ser de todos, fuera el suyo. Seguro que actuarían con un ímpetu admirable.

Esta es sólo la enésima demostración del funcionamiento marrullero del Estado del bienestar. El chantaje moral del enorme sector público consiste en recordar que, a pesar de todo, genera una transferencia de recursos de los ricos a los pobres. Pero esto sólo ocurre a veces. Pocas veces. La verdadera transferencia se produce desde la ciudadanía desmovilizada, que no protesta ante sus recaudadores, hacia grupos de presión organizados. Sí, la Diputación se felicita por haber resuelto el conflicto con los transportistas. Pero no se felicitan los que, además de seguir pagando el peaje al precio original, cubrirán con sus impuestos el descuento "conquistado" por los otros.