Las víctimas de trata podrán tener permiso de residencia excepcional

Las víctimas de la trata de seres humanos en situación irregular en España podrán obtener el permiso de residencia y trabajo "por circunstancias excepcionales" en función de "su situación personal" y al margen de que colaboren con la investigación -en caso de hacerlo, también tienen la puerta abierta a obtener papeles de forma excepcional-. Es una de las novedades recientes de la normativa de extranjería que recoge el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, cuyo borrador ha elaborado una comisión interministerial bajo la batuta de la Secretaria de Estado de Igualdad.

El documento, analizado ayer por el Foro contra la Trata, establece una atención integral a las personas que sufren algunas de estas situaciones: imposición de un trabajo, servidumbre o mendicidad; explotación sexual, incluida la pornografía, y extracción de órganos. También determina las tareas y responsabilidades de policías, inspectores de trabajo y fiscales y establece mecanismos de coordinación entre ellos. Otorga un papel importante a las asociaciones, que tendrán un papel más relevante en el apoyo a las víctimas.

Las personas traficadas tendrán atención integral y alojamiento seguro

Habrá un "periodo de reflexión" para decidir si ayudan a la investigación

El objetivo del primer protocolo de actuación ante estos casos prevé herramientas para detectar mejor a las personas traficadas -la mayoría, mujeres forzadas a prostituirse: el año pasado la policía detectó a 1.641- y proporcionarles una atención integral, incluido un alojamiento seguro, si lo desean. Algunos expertos confían en que el documento, cuya fecha de aprobación está sin decidir, permita atajar un problema frecuente: la falta de testimonio de las víctimas impide condenar a los culpables. De paso, cubre las lagunas que existen en el apoyo a los testigos protegidos.

Para los extranjeros en situación irregular que sean víctimas de trata, el borrador del protocolo establece -como lo hace el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería- la concesión de un "periodo de restablecimiento y reflexión" para que sopesen si colaboran o no con las autoridades para investigar el delito.

El lapso mínimo será de 30 días, tal como establece la última reforma de esa ley, del pasado julio. Puede prorrogarse si lo decide el delegado del Gobierno. Es el encargado de la concesión de este periodo, que no está condicionada a que la víctima declare o colabore. En este tiempo no habrá orden de expulsión -se paralizarán los trámites si estuviera en marcha- y sí una autorización de estancia temporal de la víctima y de sus hijos menores residentes.

El paso siguiente será la exención de responsabilidad por estar en España sin papeles. Una vez acordada por el delegado del Gobierno, la víctima podrá pedir una "autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales", en función de que la motivación "resida en la colaboración de la víctima en la investigación del delito o en su situación personal". Si el Ministerio del Interior la concede, será por cinco años e incluirá a los hijos. Las víctimas también pueden solicitar el retorno asistido.

Aunque la policía es la principal encargada de detectar los casos de trata, los centros de internamiento de extranjeros, los servicios sanitarios y sociales y los inspectores de trabajo deberán darle cuenta de los casos que hallen, según el borrador de protocolo. Los agentes entrevistarán a la víctima con intérprete cuando sea necesario y la preservarán del contacto con miembros de la red de tráfico. La policía deberá hacer una valoración de la situación, del riesgo que presenta y de la protección que precisa la persona que ha sufrido trata.

Los agentes deberán informar a las víctimas de los derechos y recursos a su disposición "para garantizar, en su caso, alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, atención médica, servicios de interpretación y asesoramiento jurídico". Las que sean menores tendrán una atención específica. Recibirán "inmediatamente" asistencia, apoyo y protección. En el plazo más breve, debe adoptarse "una solución duradera sobre su futuro", que puede incluir la residencia en España.