El juez indaga una posible estafa en un caso afectado de desahucio
La Plataforma de Afectados paralizó el desalojo en junio
El titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, Jaime Conejo, ha iniciado una investigación contra Antonio José García, empleado de una sucursal de Caja Madrid, y Antonio Losa, de una inmobiliaria, como presuntos autores de un delito de estafa en una compleja operación hipotecaria en 2007. Las pesquisas se han iniciado a raíz de una querella, admitida a trámite, presentada por Enrique Amaya, un pensionista del barrio de Sant Roc, que como consecuencia de la operación vive bajo la amenaza de desahucio. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca frenó el desalojo en junio.
El juez ha citado en calidad de imputados el día 18 a García y a Losa y como responsable civil subsidiario al legal representante de Caja Madrid. A este, le reclama la documentación de las hipotecas y las comisiones que se hubieran podido pagar con las operaciones. El día 20, el juez interrogará como testigo al notario Fernando Maiz. "Estoy contentísimo. No tenemos nada ganado pero es un paso más", afirmó ayer Amaya.
Todo empezó por una boda. Amaya se propuso en 2007 casar a su hijo. Quería 6.000 euros para pagar el festejo en un bar del barrio pero con su sueldo de 600 los bancos le cerraron las puertas. Hasta que un día, a través de un amigo, se le planteó esta opción: hacer nuevas hipotecas sobre su piso y el de su otro hijo y con el capital comprar una tercera vivienda para con el beneficio saldar las deudas y lograr el préstamo. De la noche a la mañana, Amaya, que apenas sabe leer y escribir, se encontró suscribiendo dos ampliaciones de hipoteca, comprando una casa en la calle de Agudes, con tarjetas de crédito y 30.000 euros. "Cuando firmaba, yo no paraba de decir: ¿Cómo voy a pagar todo esto ganando 600 euros?", recuerda ahora arrepentido. Pero nada se vendió y Amaya, que nunca se ha movido de Sant Roc, pasó a pagar de 300 euros al mes a 1.700 por una deuda de casi 600.000 euros. No puede hacer frente a los pagos y el riesgo de desahucio sigue en el juzgado.
Antes de que la querella fuera admitida a trámite, Losa negó a este diario que Amaya quisiera casar a su hijo: dijo que debía 30.000 euros y que le sugirió las ampliaciones de hipoteca y la compra de una nueva casa. "Es que 10 o 12 miembros de la familia querían vivir todos juntos. Pero luego Amaya no quiso vender", asegura. "Habría tenido dinero para pagar las deudas". Y responde así cuando se le pregunta cómo a alguien que gana 600 euros se le puede plantear asumir casi 600.000. "Es que hace años los bancos daban el 100% de las hipotecas por ejemplo a inmigrantes que no sabían ni hablar castellano", se defiende. Joan Boix, abogado de Amaya, lo tiene claro: "Fue un montaje especulativo".
