Populismo y recortes
Cuando la campaña electoral asoma la cabeza, el discurso populista arrecia entre políticos, incluso entre aquellos que se consideran paladines del sentido común. Ahí está Josep Antoni Duran Lleida haciendo un discurso digno del alumno más aventajado de Xavier García Albiol. El lunes fue día de sobresaltos: nos desayunamos con la noticia de que José Luis Rodríguez Zapatero había ofrecido un ministerio al líder democristiano; almorzamos con el mensaje de que hay demasiados inmigrantes en Cataluña, que por su culpa baja el nivel en las escuelas y hasta los precios de los pisos. Las declaraciones de Duran, que ha confesado en reiteradas ocasiones que conoce los avatares de la inmigración "por el servicio doméstico", habrían sonrojado al mismísimo Don Sturzo. Una compañera de federación, la convergente y exconsejera Carme Laura Gil, que es más liberal que Duran en cuanto a credos religiosos, fue muy categórica en su diagnóstico de las expresiones del democristiano: "Populismo en estado puro".
Las incontinencias verbales de los políticos deben ser las mínimas cuando el ciudadano siente el frío acero de los recortes
¿Fue la rentabilidad electoral -los extranjeros no votan- la que llevó a Duran a semejante discurso? Probablemente, sí. La crítica al inmigrante es siempre bien acogida por el grueso de una sociedad noqueada por la crisis y que busca el chivo expiatorio en el enemigo exterior.
Blandir semejante discurso en estos momentos es especialmente grave, pues hace aflorar lo peor de las conciencias de quienes menos tienen y más afectados están por la política de recortes. Si la política tiene una función pedagógica, Duran se merece un cero como enseñante. Si de lo que se trata es de arrancar votos al PP o a Plataforma por Catalunya va por buen camino.
Una sociedad aturdida por las decisiones improvisadas de los poderes europeo, español y catalán no precisa de discursos calientes, sino más bien fríos. El Gobierno central ya nos tiene acostumbrados a las duchas escocesas de las decisiones contradictorias. El Ejecutivo de Artur Mas también se está especializando en este tipo de mensajes consistentes en dejar un día sin paga de Navidad a los funcionarios y devolvérsela al día siguiente. Las incontinencias verbales de los políticos deben ser las mínimas cuando el ciudadano siente el frío acero de las tijeras en los servicios sociales, en su trabajo, en su vida cotidiana. La responsabilidad y la conciencia que los Gobiernos exigen a la infantería social deben ser aplicables también a las instancias de poder.
Porque es un hecho objetivo que mientras se reduce el número de becas de comedor escolar, se cierran plantas de hospitales, se recorta el salario a los funcionarios y se endurecen las ayudas a los preceptores de las rentas mínimas de inserción, solo crecen la legión de parados (600.000) y el número de desahucios, que ha sido de 3.000 en un solo trimestre en Cataluña.
El Gobierno catalán, que ha renunciado a cobrar más impuestos, considera inviable lo que el consejero Mas-Colell llama "keynesianismo en un solo país". Por ello, al parecer, ha eliminado el impuesto de sucesiones y no ha verbalizado que entre sus objetivos se halle la lucha contra el fraude fiscal. La opción político-ideológica de CiU ha recibido el refrendo en las urnas de la mayoría de la sociedad catalana, pero en contextos de austeridad extrema, publicaciones como The Economist han sugerido que, sin subir impuestos, se extreme la lucha contra el fraude cuando la economía se encuentre en los puros huesos.
En todo caso, el actual discurso del Gobierno catalán obliga mucho más que cualquier otro a hacer gestos pedagógicos en lo que a austeridad se refiere. En este sentido, es destacable que, después de querer suprimir de un plumazo media paga de Navidad al personal sanitario, el Ejecutivo resolviera que 350 altos cargos de su Administración no recibirían ese emolumento. Y tampoco está mal que el Parlament prepare recortes salariales para los diputados. Pero ahí el presidente Mas, cuatro de sus consejeros y cuatro portavoces parlamentarios (CiU, PSC, PP y ERC) pueden dar un paso al frente y dejar de compatibilizar coche oficial y dietas por desplazamiento por al menos 20.000 euros anuales. En cifras puras y duras, cada una de estas dietas es el equivalente a cuatro rentas mínimas de inserción anuales. Son cantidades insignificantes o de gran importancia, según quien las maneje. Pero si el Gobierno ha decidido transitar por la senda de las estrecheces y el recorte, el gesto es imprescindible.
