Dos semanas de prórroga para intentar desatascar el acuerdo del Guadalquivir

Lo que no han conseguido en seis meses lo tendrán que resolver en las próximas dos semanas. La Junta de Andalucía y el Gobierno se concedieron ayer un descuento. Ahora tienen de plazo hasta el viernes 21 de octubre para cerrar el modelo de gestión de la cuenca del Guadalquivir. Los máximos responsables en asuntos medioambientales de las dos Administraciones -la ministra Rosa Aguilar y el consejero José Juan Díaz Trillo- firmaron en Córdoba un acuerdo de prórroga de la encomienda transitoria de gestión que se cerró tras la sentencia del Tribunal Constitucional que desbarató la cesión a Andalucía de las competencias sobre el río.

En el texto que se firmó ayer se indica que ambos Gobiernos han "desarrollado un intenso proceso negociador" sin llegar a una solución dentro del plazo de seis meses que se fijó en abril. Reconocen que la negociación esta en una "fase muy avanzada pero que aún no ha culminado". "En aras de garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público en la cuenca del Guadalquivir, se procede a prorrogar el convenio". Esta situación de interinidad se prolongará "hasta la fecha en que se hagan efectivos los acuerdos que se adopten en el seno de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía y, en todo caso, hasta el 21 de octubre de 2011".

El presidente cree que en 15 días se resolverán los problemas surgidos

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el Ministerio de Política Territorial mostraron ayer su convencimiento de que finalmente se encontrará una solución. Sin embargo, el pulso que mantienen la Junta y el Gobierno tiene difícil solución. El ambiente se ha enrarecido después de que la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, acusase el jueves al Gobierno de plantear problemas de última hora e incumplir así lo acordado en la última comisión bilateral del 16 de septiembre.

Este enfrentamiento por el Guadalquivir tiene mucho de pelea política entre hermanos. La voz cantante la está llevando en Madrid el equipo del vicepresidente segundo Manuel Chaves, quien, cuando era presidente de la Junta, logró que las competencias sobre el río fueran transferidas a Andalucía tras varios encontronazos con Madrid. En concreto, el que ahora está encabezando la negociación sobre el Guadalquivir por parte del Gobierno es el jiennense Juan Antonio Cortecero, exviceconsejero andaluz de la Presidencia y actual secretario de Estado de Política Territorial.

El equipo de Chaves y la Junta acordaron en la comisión del 16 de septiembre que Andalucía asumiría una serie de funciones en la cuenca. El Ministerio de Medio Ambiente reformó la Ley de Aguas para que se le pudieran transferir a la Junta las labores de guardería fluvial. Lo planeado era introducir en el decreto de traspaso de policía de aguas la delegación de otras funciones como la gestión de embalses y la concesión de algunas autorizaciones y los cánones asociados.

Pero entre el acuerdo del 16 de septiembre y el momento actual han surgido dudas legales sobre el traspaso de los medios materiales y los trabajadores que se necesitan para asumir las funciones que se cederían a Andalucía. Según las fuentes del Gobierno central consultadas, los mayores reparos de última hora los está poniendo el Ministerio de Economía y Hacienda, con menos sensibilidad política en este asunto del Guadalquivir que los equipos de los ministros andaluces Manuel Chaves y Rosa Aguilar. Hay que recordar que el departamento de Elena Salgado ha tenido varios enfrentamientos con la Junta. Por ejemplo, con las oposiciones docentes que Economía intentó bloquear en mayo.