Arruti insiste en que perdió los informes hechos por Kataia tras una inundación

Josu Arruti, militante del PNV y administrador de Sidepur, la empresa que intermedió en la recalificación de Zambrana investigada por pago de comisiones ilegales dentro de la presunta trama corrupta del caso De Miguel, mantuvo ayer, en su declaración como imputado ante el juez, que los cerca de 200.000 euros que pagó a las empresas del entorno del exdirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel, corresponden a trabajos que sí fueron realizados. Arruti insistió en que varios documentos que acreditarían que los pagos a Kataia Consulting, a la principal "empresa pantalla" de la trama, según la instrucción, corresponden a unos informes entregados por la compañía que se perdieron tras una inundación "en un trastero".

Arruti justifica otro pago de 30.000 en billetes con un encargo a Tellería

Kataia cobró 150.000 euros por diversos trabajos vinculados a una operación urbanística en la que De Miguel impulsó las modificaciones normativas necesarias, con el respaldo de varios cargos públicos del PNV, tras ser nombrado en 2007 diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial.

Arruti, que estuvo cerca de cuatro horas declarando, insistió en su inocencia y recalcó que no dispone de ninguna copia -se le entregó tanto en papel como en soporte CD- de los supuestos informes encargados. Kataia tampoco ha aportado hasta ahora copia de estos. A su vez, un grupo de inversores catalanes, que pusieron varios millones de euros en la operación, consideran que casi un millón de euros abonados a Sidepur corresponden a servicios "no ejecutados", según sostienen en una querella por administración fraudulenta de bienes contra el entonces administrador de la empresa promotora y amigo de Arruti, Francesc Fernández Joval. El responsable de Sidepur, que reconoce su amistad con De Miguel, mantuvo también que Kataia realizó uno de los listados de propietarios afectados por la recalificación, según varias fuentes presenciales.

Arruti justificó otro pago de 30.000 euros a Kataia, supuestamente para el alquiler de unas huertas solares. Realizado mediante un ingreso en efectivo, corresponde, según Arruti, al trabajo realizado por el exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, que se encargó de buscar un emplazamiento en la Rioja Alavesa para las huertas. Terminaron optando por las tierras de una empresa en la que De Miguel era apoderado, Eskalmelo, que a su vez cobraría 21.000 euros de otra compañía vinculada a Arruti, Prograig. Entre los consejeros de la citada empresa están el administrador demandado por los inversores catalanes, así como el padre y el cuñado de Arruti. La instalación de huertas solares no llegó a realizarse, alegó, porque los cambios del marco legal hicieron que el negocio ya no fuese interesante.

También declaró ayer como imputado el constructor Prudencio Hierro, amigo del exdiputado foral. El constructor reconoció que montó una compañía, Ezkibel, en la que De Miguel puso los 3.000 euros del capital inicial para su constitución y que a su vez terminaría siendo beneficiada de un contrato de la entidad en la que trabajaba entonces De Miguel, Sprilur, de cerca de 500.000 euros. Ezkibel obtuvo una adjudicación investigada por si fue amañada en la que compitió con dos empresas relacionadas con Hierro, según consta en el último informe policial.

Sobre las obras en un piso de Górliz de la esposa de De Miguel, abonadas por una de sus compañías, Hierro atribuyó lo ocurrido a una maniobra contable vinculada con el IVA. También dijo que fue De Miguel quien le ofreció llevarle parte de la contabilidad de Ezkibel a través de Kataia.

El constructor recalcó que solo conocía a Tellería y el también exburukide Koldo Ochandiano de tomar "un vino" con ellos este año cuando De Miguel se los presentó. Y aseguró que la abogada que destapó el caso con su denuncia, Ainhoa Alberdi, le amenazó en noviembre de 2010 con implicarle en la supuesta trama corrupta si no saldaba una deuda de 24.000 euros por unos trabajos de Urbanorma Consulting realizados en el año 2006. Alberdi aseguró en su denuncia inicial haber sido objeto de un intento de extorsión por parte de la trama.

Hoy, en el Palacio de Justicia de Vitoria, será el turno del otro constructor imputado en la causa dirigida por el juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria, Jon Iñaki Echaburu, que ya declaró el pasado año.

El último informe policial apunta a que la trama cobró una comisión del 4% a Construcciones Loizate, propiedad de Echaburu, por realizar dos obras en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, donde gobernaba el PNV cuando fueron adjudicadas. Los contratos suman unos 430.000 euros.