Dilma Rousseff quiere acabar con los 'sueldazos' públicos en Brasil

Tras una gran limpieza en varios ministerios por sospechas de corrupción, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ha embarcado en una nueva cruzada para poner un límite a los supersalarios, como los llaman en Brasil, de muchos altos funcionarios. La primera batalla la está librando contra el Tribunal Supremo Federal, cuyos miembros quieren incrementar sus sueldos en un 53%. Rousseff se niega en redondo.

El presidente del Supremo, Cezar Peluso, llegó a enviar un escrito en tono de intimidación a Rousseff. Ella respondió que no va a rehacer su propuesta de Presupuesto para 2012, que incluye el reajuste del sueldo de los magistrados.

Para zanjar el tema, la presidenta está decidida a dar un vuelco en el sistema de retribuciones de políticos y altos funcionarios del Estado que permite, por ejemplo, que un senador o exgobernador de un Estado pueda llegar a facturar hasta 60.000 reales al mes (unos 26.000 euros) entre el sueldo, asesorías, acumulación de varias pensiones, dietas y otros ingresos. El sueldo base en Brasil para un trabajador corriente ronda los 300 euros. El plan oficial para frenar los supersalarios lo ha revelado el diario Folha de São Paulo. La Constitución brasileña habilita a la presidenta para decidir sobre las retribuciones de los funcionarios y todo apunta a que Rousseff utilizará este poder para acabar con una práctica que escandaliza a la opinión pública.

Los miembros del Tribunal Supremo quieren subirse su retribución un 53%

Aunque actualmente hay un techo de unos 12.000 euros mensuales para los salarios de los máximos cargos de los tres poderes del Estado, la falta de regulación permite con facilidad triplicar esa cifra.

La presidenta, por ejemplo, quiere impedir que un alto funcionario retirado que percibe la jubilación más cuantiosa reciba también un salario si es llamado a formar parte del consejo de administración de una empresa pública.

La iniciativa de Rousseff ya tiene el respaldo del grueso de su propio bloque y de la oposición socialdemócrata. "Queremos conocer de cerca el proyecto, pero en principio estamos de acuerdo en que es importante limitar los salarios y los gastos de los servidores públicos. Y, sobre todo, que los propios funcionarios tengan la potestad de subirse sus sueldos", declaró el diputado Duarte Nogueira, líder del oposito Partido Social Demócrata de Brasil en la Cámara. En el mismo sentido se expresó el diputado Cándido Vaccarezza, del Partido de los Trabajadores de Rousseff y líder del bloque gubernamental: "No conozco los detalles, pero toda la Cámara respaldará una mayor transparencia y control de los altos salarios púbicos".

El expresidente Lula da Silva siempre fue partidario de que, para poder contar con los mejores, quienes trabajan en el sector público deben ser retribuidos al igual que en las empresas privadas a igualdad de funciones. Pero en Brasil, entre la gente común, existe la idea de que solo se entra en política para enriquecerse. Es esa mentalidad a la que la presidenta tiene que enfrentarse por encima de todo.