Álava reduce en un 30% sus altos cargos
De Andrés cifra el ahorro que supondrá la medida en 3,5 millones de euros
El diputado general alavés, el popular Javier de Andrés, anunció ayer tras la reúnión semanal de su Ejecutivo que va a reducir en un 30% del número de altos cargos dependientes de su Gabinete. La medida obedece al compromiso de "austeridad y control del gasto" que De Andrés anunció tras hacerse cargo de la institución foral el pasado mes de julio y supone un ahorro de casi 3,5 millones de euros.
De Andrés precisó que de las 25 direcciones generales que nombró el anterior equipo de gobierno que encabezaba el peneuvista Xabier Agirre se ha pasado a 17, una medida similar a la reducción en el número de diputados forales que nombró, que pasaron de 11 a 9, incluido el propio diputado general.
En concreto, se suprimen las direcciones de Régimen Jurídico, Comunicación y Equilibrio Territorial, así como las gerencias del Centro de Cálculo, Naturgolf, Arabarri, Álava Agencia del Agua y Vías de Alava. Respecto a las direcciones, las dos primeras pasarán a depender del director del Gabinete del diputado general, mientras que la tercera la asumirá el director de Entidades Locales. Las competencias de las gerencias suprimidas pasarán a los directores de otros organismos forales.
Por otro lado, De Andrés señaló que espera que el lehendakari, Patxi López, logre en Bruselas, donde el próximo martes se reunirá con el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, un compromiso para que no se aplique la sanción que reclama la Comisión Europea por las vacaciones fiscales -las ayudas ilegales a empresas de los años noventa- hasta que haya una resolución firme del Tribunal de Luxemburgo.
El diputado foral sostuvo que "no es exigir mucho" que se tenga en cuenta el criterio, previsto en el ordenamiento jurídico español, de que "no se sanciona hasta que haya una sentencia firme". De Andrés trasladará esta petición al consejero de Economía, Carlos Aguirre, a quien recordará que los acuerdos que se alcancen con la Comisión Europea tienen "un límite" para el Ejecutivo, ya que la gestión fiscal es competencia foral.
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