El bufete del hermano de Castedo rechaza el pelotazo del PGOU

El despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Gutiérrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La tesis de la policía es que Ortiz, valiéndose de información privilegiada, acaparó suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a áreas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el dueño hegemónico del suelo y el PGOU prevé 16.000 nuevas casas. Castedo y Gutiérrez consideran "erróneo" el informe policial primero porque la declaración de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.

Aducen que el informe policial omite la legislación urbanística vigente

Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent

Los abogados Castedo y Gutiérrez están imputados por el juez

Los argumentos con los que Castedo y Gutiérrez intentan rebatir la acusación policial están incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la policía había registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abundó en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. Este segundo informe policial, hecho público el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

El mencionado recurso de Castedo y Gutiérrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la policía y el fiscal les atribuye en el trámite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislación vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.

Los abogados resaltan que desde la primera exposición pública del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobación provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue público y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".

El escrito de los abogados urbanistas hace hincapié en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el trámite del PGOU: proyecto Ciudad de la Economía, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía (en el perímetro de protección del humedal del Saladar de Agua Amarga), la policía sostiene que la reclasificación final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, además, los aprovechamientos urbanísticos de ese parque se habían adscrito al sector de Torres de la Huerta.

El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Economía "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Según los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su perímetro de afección (500 metros) está considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, según recoge el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaración de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente".

Los abogados consideran "errónea" la conclusión de la policían de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripción concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en áreas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripción concreta a uno dependerá de la evolución de los mismos", argumentan los abogados.

En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La policía sostiene que el promotor compró en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Gutiérrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicación de Ortiz. "El motivo de su incorporación radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protección", señalan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Economía, los abogados consideran que la policía se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteniéndose como parque natural, estableciéndose su no adscripción a ninguna de las áreas de reparto previstas en el Plan General".

Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operación para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La policía concluye que el empresario trató de cambiar los parámetros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.

Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposición legal la condición de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urbanísticos están adscritos directamente a ningún sector concreto.

Castedo y Gutiérrez señalan que el coeficiente de ponderación fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza técnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, según los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendió eliminarlos o su reducción al 0,1%". El empresario presentó alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuación de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ¿qué sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados y el juez los interrogará el próximo día 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situación judicial en este sumario: acusada por el fiscal.