Economía recalca que la desunión foral ante las 'vacaciones fiscales' daña a las empresas

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, se mostró ayer favorable a diseñar un marco general al que todas las empresas, sean del territorio que sean, puedan acogerse para minimizar los efectos de la devolución de las vacaciones fiscales, los incentivos que recibieron en la década de los noventa y que Europa declaró ilegales.

En una comparecencia ante los medios en el Parlamento, el consejero aclaró que la cuantía de las devoluciones las dictan la Comisión Europea y los tribunales, y que no son negociables, pero sí que consideró factible pactar con la UE un mecanismo, compatible con la normativa comunitaria de competencia, para evitar que la devolución de las ayudas obligue a cerrar empresas o lleve a otras a declararse en concurso de acreedores.

Aguirre plantea un marco general para reducir el impacto de las devoluciones

Aguirre dejó caer que la desunión de las diputaciones va en contra los intereses de las empresas y, sin citarla, criticó a Bizkaia por su decisión de abandonar la estrategia conjunta de actuación con Álava y Gipuzkoa trtras 15 años pleiteando juntas. "La posición más razonable sería intentar llegar a un acuerdo general que permita una fórmula financiera que homogeneizase los problemas de todas las empresas", destacó Aguirre. "Aunque el problema de la Hacienda de Bizkaia sea menor, a la empresa que le toca en Bizkaia le duele tanto como a la de Álava o Gipuzkoa", abundó

La patronal Confebask y el Gobierno intentan que Bizkaia reconduzca su posicición antes de que el próximo martes se reúnan en Bruselas el lehendakari, Patxi López, y el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Aunque Aguirre no concretó qué asuntos planteará López a Almunia, le atribuyó un papel importante para "conseguir que se pueda activar algún tipo de fórmula que minimice los efectos de esta sentencia, que son muy duros".

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, del PP, recalcó en el pleno de las Juntas de esta provincia que la institución que encabeza no cambiará su postura de que las ayudas ya han sido recuperadas, a la espera de que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie, no más allá de 2012, sobre cómo debe ejecutarse la sentencia de 2007, informa Karim Asry. Álava mantiene que la Comisión recurre a una directriz dictada en 1998 para los dos años anteriores. "Sería una ilegalidad aplicar la retroactividad", razonó De Andrés.