Una trama entre amigos

Amurrio, 26 de junio de 2005. Un grupo de amigos queda en una notaría para lanzarse juntos a una aventura empresarial. Dudaron antes sobre qué nombre poner a la criatura, tanto que primero registran la denominación K Serbitzuak antes de optar por Kataia Consulting, considerada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria la principal "empresa pantalla" de la presunta trama corrupta del caso De Miguel.

Tras año y medio de investigación judicial desde que el caso estallara con las ocho primeras detenciones el 17 de marzo de 2010, EL PAÍS reconstruye los pasos y la forma de actuar de una red en vínculos afectivos e intereses económicos fueron entrelazándose en una trama que creció al calor de distintas Administarciones del PNV.

Vinculos afectivos e intereses económicos fueron entrelazándose

"Pensaban que era legítimo lucrarse en política", dice un relevante peneuvista

El presidente peneuvista alavés, Iñaki Gerenabarrena, reconoce en privado que estaba al tanto de que tres miembros de su ejecutiva -Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, todos imputados hoy- iban a crear una empresa para meterse en el negocio de las auditorías energéticas y cuestiones como certificaciones de calidad, según fuentes peneuvistas.

A nadie se le escapa que el principal nexo de unión entre los hasta ahora 18 imputados es su cercanía al PNV. Muchos se conocían ya desde su militancia en EGI, las juventudes del partido. Allí despuntó pronto De Miguel, Txitxo, que pasó a ser uno de los protegidos del entonces presidente del partido en Álava, José María Gerenabarrena. Este último dejaría todo atado para que su sobrino Iñaki tomase el relevo en 2002, con Txitxo en su círculo de confianza.

Varios de los implicados comparten también su experiencia en el mundo de la agricultura, tras haber desempeñado cargos en ese departamento en el Gobierno, la Diputación de Álava o en sociedades públicas vinculadas al sector primario. Un texto "suavizado" remitido por Tellería a De Miguel en 2009 muestra que seguían atentamente lo que ocurría en el sector, con duras críticas hacia el entonces consejero, el peneuvista Gonzalo Sáenz de Samaniego, quien reemplazó a Gerenabarrena cuando este asumió la presidencia provincial. "Desciende del mono", rezaba el escrito, criticando que Sáenz de Samaniego intentara convencer a alcaldes peneuvistas de las bondades de un proyecto de matadero.

De Miguel compaginaría durante años su cargo como número dos del PNV alavés con la gerencia de industrialdeas de la sociedad pública Sprilur, donde adjudicó contratos millonarios a otro de sus amigos, el constructor Prudencio Hierro, igualmente imputado.

Con un pie en la Administración y otro en el sector privado, el dinero fue llegando. Kataia Consulting arrancaría con 130.000 euros gracias a un proyecto industrial en Zambrana investigado por posibles comisiones ilegales. Fueron sus únicos ingresos en 2005. Ese ejercicio, Kataia pagó casi 6.000 euros en una de las joyerías más conocidas de Vitoria, tal vez para recompensar a las esposas de los tres principales imputados por figurar en el Registro Mercantil como administradoras de la compañía. "El problema es que esa generación pensaba que es legítimo lucrarse de la política, pensando que todos los demás hacen lo mismo", apunta un destacado peneuvista, "horrorizado" con lo que ha ido trascendiendo sobre la forma de actuación de la trama.

Ochandiano, cuyo papel como arquitecto contable de varias empresas del núcleo duro de la trama queda reflejado en el último informe de la investigación de la Ertzaintza, dio ese mismo año las instrucciones para crear otra compañía, Errexal, administrada por el exedil peneuvista de Leioa Iñaki San Juan, igualmente imputado. Sus cuentas eran controladas por la hermana de De Miguel, Aintzane, contable también de Kataia Consulting e imputada. La empresa arrancaría, sin experiencia alguna, con contratos que suman 90.000 euros para asesorar a seis cuadrillas alavesas en su Plan Joven que recibieron una subvención de la Dirección de Juventud del Gobierno, dirigido entonces por otro amigo de la trama, Xabier Sánchez Robles, también imputado.

Ya en 2009, la situación se fue complicando y Sánchez Robles tuvo que cerrar el grifo por motivos aún no aclarados. "Xabier no puede meternos un duro", se quejó entonces San Juan a De Miguel, después de que la trama cobrase 200.000 euros por contratos a dedo, cuya realización no consta en la mayoría de los casos. Errexal, a su vez, dio trabajo a concejales del PNV como Roberto González Muro (Lapuebla de Labarca), que llegó a ser portavoz en las Juntas Generales alavesas la pasada legislatura, o Leire Orueta (Llodio). Ambos municipios adjudicaron obras por unos 430.000 euros en total a otro constructor afín a la trama, Jon Iñaki Echaburu, quien terminó pagando a la red a través de Errexal el equivalente del 4% de la adjudicación. González y Orueta no repitieron en las candidaturas peneuvistas el pasado 22-M.

El grupo tampoco desaprovechaba oportunidades. En Frúniz compraron cuatro lotes de terrenos a la familia de la secretaria de De Miguel, operación financiada gracias a un préstamo de 283.500 euros de una empresa vinculada a una recalificación de Zambrana en la que De Miguel insistiría como diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial. Todavía no se ha devuelto un euro de ese crédito, según el último informe policial.

[Fe de errores: La Ertzaintza detectó el pago de una comisión del 4% por obra pública en Zigoitia y no en Llodio, como afirma el artículo. La exconcejal del PNV en Llodio y exresponsable de Cultura, Leire Orueta, trabajó en Errexal, empresa a la que adjudicó posteriormente un trabajo para gestionar la Casa de Cultura. Orueta también está entre los compradores de terrenos en la operación de Frúniz.]