La atención a menores sufre los impagos del Consell
La falta de liquidez de la Generalitat no solo afecta a las parcelas de la política social relacionadas con la dependencia, los mayores o las personas con discapacidad. También con la atención a los menores.
En todo este año, la Consejería de Justicia y Bienestar Social no ha pagado ni un euro de los servicios que tienen contratados a distintas entidades para ejecutar las medidas judiciales en medio abierto impuestas a menores (los educadores encargados de supervisar la libertad vigilada, la prestación de servicios a la comunidad, o tareas socioeducativas), según denunció ayer UGT. Fuentes del sector no solo lo confirman, sino que apuntan que estos educadores que no están cobrando están saturados de trabajo.
A esta situación se suma que hay retrasos en el pago a las entidades que se ocupan de los centros de reeducación (los encargados de la ejecución de las medidas de internamiento ordenadas por los jueces). En el caso de alguna importante empresa del sector, la deuda alcanza los nueve millones de euros.
Desde el sector destacan la dificultad que atraviesan también los centros de acogida de menores, las residencias que albergan a los tutelados por la Administración. En marzo cobraron el 60% de las ayudas que les corresponden y aún no han ingresado el 40%. "Muchas de estas entidades ya no tienen liquidez para pagar a sus proveedores, agua o luz", apuntan desde el sector.
