Los terrenos de la Brilat son comunales

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra acaba de dar un decisivo espaldarazo a los comuneros del monte de Salcedo (Pontevedra) en su disputa con el Ministerio de Defensa por la propiedad de los terrenos en que se asienta la base militar de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat). El fallo judicial reconoce sin ambages la propiedad vecinal sobre las algo más de 170 hectáreas del monte, donde en los últimos años se sucedieron los encontronazos entre militares y parroquianos por los usos de la tierra.

El origen del conflicto se remonta a finales del siglo XIX. Sin detenerse a analizar los usos ancestrales o las costumbres de los vecinos, documentados en "constantes referencias" al menos desde 1752, el Ministerio de la Guerra emitió una "orden telegráfica" según la cual el Ejército ocupó el monte para levantar el cuartel. En 1965, el Ayuntamiento pontevedrés cedió otra parte de los terrenos, sin reparar en que no eran suyos. Aquellos decretazos, que la sentencia achaca al "intervencionismo administrativo imperante en la época", no fueron bien recibidos por los vecinos, que en varias ocasiones reclamaron la propiedad, sin éxito. Pero durante décadas la situación se estancó, con los soldados en el cuartel y los comuneros usando con libertad el monte para el pasto, la recogida de leña o la traída del agua.

El fallo judicial deja sin terreno a la base militar española más importante

La situación cambió radicalmente en 2008, cuando Defensa decidió unilateralmente ampliar el perímetro de seguridad de la base. Los vecinos comenzaron a denunciar intimidaciones repetidas de los soldados, que abrían pistas por donde les venía en gana y realizaban maniobras a escasa distancia de alguna vivienda. También levantaron un campo de entrenamiento que trataba de emular la disposición de una aldea en Afganistán. Las manifestaciones se sucedieron y la tensión llevó a algún enfrentamiento verbal y físico con la Policía Militar que llegó al juzgado.

Con este mar de fondo, la comunidad de montes de Salcedo llevó al ministerio y al Ayuntamiento al juzgado. Los vecinos contaron con un argumento de peso, la ley gallega de montes vecinales de 1989. La norma es muy clara respecto a su propiedad: ni caduca ni se puede vender. El razonamiento de la sentencia del juzgado pontevedrés pivota sobre este extremo, al que añade una referencia a la resolución del Tribunal Superior de Xustiza que en 2009 decidió en sentido similar que los terrenos de A Madroa, en Vigo, eran de los vecinos y no del Estado. De la misma manera, rechaza las alegaciones de Defensa sobre la supuesta adquisición de la propiedad.

Los comuneros han recibido con regocijo la sentencia, fechada el 20 de septiembre. Su presidente, Fernando Pintos, que accedió al cargo durante la peor fase del enfrentamiento, evita de momento hablar sobre sus consecuencias, pero deja escapar alguna expresión de satisfacción. "Cuando hace dos años dije que este conflicto lo íbamos a ganar, me dijeron que estaba loco. Estamos hablando de una sentencia que le saca el terreno a la base militar más importante de España", desliza. Repite, sin embargo, que los comuneros no están en contra de la permanencia de la base y recuerda que las relaciones con su responsables se han dulcificado.

El concejal de Ordenación do Territorio, César Mosquera, insistió ayer en que el gobierno local siempre se mostró favorable a la postura vecinal y si se personó en la causa fue solo por obligación administrativa, para evitar que el Ayuntamiento tuviese que cargar individualmente con los gastos de un fallo adverso. "Era obvio que se trataba de un monte comunal", señaló, y achacó a Defensa su actitud "prepotente, autoritaria y nada dialogante" en la disputa con los comuneros. El edil sí anticipa que el Estado probablemente tenga que negociar la compra de los terrenos u optar por expropiarlos. "Seguro que cualquier tanque de esos que van a Afganistán cuesta más", bromeó.