Cataluña congela pagos a hospitales y geriátricos por falta de liquidez
Las empresas afectadas piden garantías de ingresos futuros para evitar quiebras
Cuesta de septiembre con apuros para la Generalitat, que a su vez repercute los problemas financieros a las empresas a las que contrata servicios y que atienden a unas 142.000 personas. El Gobierno catalán que dirige Artur Mas (CiU) ha congelado pagos a hospitales, residencias geriátricas, de discapacitados y drogodependientes ante una tesorería acuciada por la falta de liquidez. La situación es "puntual para este mes", precisa el departamento de Economía de la Generalitat, aunque algunas residencias sociosanitarias no cobrarán con normalidad al menos hasta noviembre.
Los sectores más afectados, principalmente el sanitario y el de acción social, no saben a qué atenerse y la Generalitat tampoco les ofrece garantías de estabilidad en el futuro para que cada empresa pueda reaccionar mediante previsiones de tesorería o negociando créditos con entidades bancarias. "No sabemos qué realidad encontraremos el mes que viene. Algunas empresas pueden empezar a caer como un castillo de naipes", avisaron fuentes del sector.
Las residencias con fondos retenidos atienden a 142.000 personas
Cada consejero está diseñando sus propios malabares financieros para cumplir con las condiciones que les impone el departamento de Economía y Finanzas. El Departamento de Bienestar y Familia ha comunicado a los geriátricos y otras residencias concertadas que no recibirán un solo euro de subvención hasta dentro de dos meses. Las residencias colaboradoras, centros privados que ofrecen camas al sistema púlico, cobrarán el 65% de la factura. El porcentaje coincide con el peso aproximado de las nóminas en estos centros, por lo que supuestamente el pago de salarios debería quedar cubierto. Pero estas entidades, que emplean a unas 50.000 personas y atienden a 142.000 usuarios, también deben hacer frente a otros pagos y deudas, por lo que el sector no descarta que se apliquen congelaciones o recortes en las nóminas, entre otras medidas aún por decidir.
El departamento, que dirige Josep Lluís Cleries, ha instado a los centros a que cubran los pagos estos dos meses a través de "sus fondos propios", señaló una portavoz. "Los centros concertados ya tienen otras fuentes de ingresos [la Generalitat subvenciona a los usuarios solo una parte de la estancia en función de sus ingresos]. Y en el caso de los colaboradores, disponen de camas de uso privado", justifica el Gobierno.
La Mesa de empresas del Tercer Sector, formada por 30 federaciones que representan a unas 4.000 entidades sociales, calificó la medida de "impresentable", ya que que coloca a muchas empresas contra las cuerdas y afecta a "la viabilidad de las entidades", avisó la presidenta de esta mesa, Àngels Guiteras, quien se reunió ayer con responsables de la Generalitat para calibrar los efectos de la medida, informa Alba Casanovas.
Salud, por su parte, ha congelado para septiembre el pago del 35% del importe que debe a los hospitales y centros concertados que integran la red de uso público. Se trata de una estructura de unas 70 fundaciones, organismos privados y concertados que atienden a miles de personas y emplean a unos 35.000 trabajadores del sector sanitario. Otros 41.000 empleados en hospitales públicos, además, verán congelados el pago de varios complementos salariales que suponen cerca del 20% de la nómina. Tampoco recibirán la mitad de la paga extra de Navidad, según los planes de la Generalitat, rechazados por los sindicatos. El Gobierno catalán, que paga la prestación de servicios de esta red a 90 días, ha notificado al sector que este mes solo abonará el 65% de la factura. La Consejería de Economía y Finanzas, dice la de Bienestar, está elaborando un plan de choque que supone no pagar de forma normal hasta noviembre, mes en el que esperan "haber solucionado los problemas". Los responsables de economía, sin embargo, minimizan tal plan. La congelación de pagos, dijo una portavoz, es "solo un ajuste para hacer frente a puntas en la tesorería". Septiembre, justifica esta portavoz, es un mes complicado en pagos, ya que se debe hacer frente a facturas que en verano quedan pospuestas y a desembolsos anuales que se hacen efectivos este mes. "En noviembre, gracias al plan de choque, estará todo regulado", insistió ayer Bienestar.
Pocas propuestas y sin detallar
Artur Mas se extendió ayer en su discurso en mirar al pasado, pero fue escueto en cuanto al futuro. Más allá de reiterar su propuesta del pacto fiscal, las medidas que prometió el presidente catalán fueron escasas, de poco calado y sin detallar. Un discurso sin sorpresas.
- Impuesto para los grandes patrimonios. Propuesta llamativa, pero sin efectos reales. Mas solo se mostró a favor del tributo, pero destacó que, con el actual sistema de financiación, no lo puede implantar. Más que un anuncio, es una demanda al Gobierno central.
- Hipotecas. Mas prometió modificar la Ley del Código de Consumo para incluir una limitación en los intereses de demora de las hipotecas. Y aseguró que su intención es hacer un protocolo de actuación para el impago de la hipoteca que evite el desahucio. Aunque no detalló más.
- Universidades, I+D y seguridad. En este eje, el presidente anunció dos medidas: la creación de una Agencia para la Calidad Universitaria y una Ley de la Ciencia. En este campo, el presidente proclamó su intención de crear un nuevo modelo de formación profesional, aunque sin apuntar ninguna medida concreta. El paquete legislativo lo cierra una Ley del Sistema de Policía de Cataluña, para mejorar la cooperación entre cuerpos policiales.
- Plan para la energía y plan para la seguridad viaria. Todavía por diseñar y detallar, el primero marcará los objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad, y el segundo procurará rebajar los accidentes en la carretera.
- Fomento del catalán en la justicia. Mas quiere que el catalán sea lengua de uso habitual en los tribunales.
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