Foralismo 2.0

Las provincias vascas no se están adaptando bien a la diversidad política e institucional. En una alocada carrera, especialmente marcada por la necesidad recaudatoria, cada una está trazando su propia hoja de ruta para resolver los problemas presupuestarios.

Lejos ya de aquel escenario en el que el PNV resolvía las discrepancias interprovinciales con un puñetazo en la mesa de su ejecutiva, Euskadi se ha adentrado en uno nuevo en el que los puñetazos se los dan, entre ellos, los máximos responsables forales.

Huérfana de aquel poder total que emanaba de la Sabin Etxea cuando las tres diputaciones, el Gobierno, Eudel y muchos de los principales ayuntamientos eran del PNV, la Comunidad Autónoma está inmersa en un proceso de adaptación a la convivencia institucional de partidos diferentes que le va a obliga a reinventarse, -a reinaugurar el foralismo-, para evitar convertir cada provincia en un poder autónomo y a su vez en la competencia del vecino.

Las tensiones provinciales no han hecho más que crecer desde el 22-M

"El edificio institucional se ha levantado sobre vacíos", dice Arregi

Ibarretxe lideró la reforma del IRPF en su elección como 'lehendakari' en 1998

Bilbao ha asumido el papel de ariete contra el Gobierno de Patxi López

"Ya lo decía Sempelar", apunta el exconsejero de Cultura del Gobierno vasco, Joseba Arregui, refiriéndose al bertsolari, Juan Francisco Petrirena, cuando cantaba "nosotros somos los países vascos".

Según el exconsejero, Euskadi solo opera como un país, como una unidad institucional, cuando un partido tiene el mando, "en caso contrario el sistema no garantiza el funcionamiento". Un problema grave que atribuye a que el edificio institucional ha sido levantado a lo largo de tres décadas sobre unos "vacíos enormes" y sobre "anomalías" como la Ley de Aportaciones y la denominada Ley del Cupo, que regulan el flujo ecómico interno de la comunidad, -la primera- y el de la comunidad con el resto de España -la segunda-.

Ejemplos que avalan esa tesis hay numerosos en apenas cuatro meses desde que las elecciones del pasado 22 de mayo dejaron un panorama político enrevesado. El PNV perdió el Gobierno en 2009 en favor del PSE, y en 2011 perdió las diputaciones de Gipuzkoa, ahora en manos de Bildu y de Álava en manos del PP.

Desde entonces las tensiones no han hecho más que crecer. Primero fue el enfado del PNV cuando Bildu atribuyó el agujero recaudatorio de Gipuzkoa a una mala previsión y gestión del anterior equipo directivo, en manos del PNV y de Hamaikabat.

Luego ha sido el cambio de criterio y desmarque de la diputación de Bizkaia con las vacaciones fiscales, abandonando a su suerte a Álava y a Gipuzkoa, que tienen que recuperar todavía en torno a 500 millones de euros de las empresas beneficiarias de los incentivos fiscales ilegalizados por la UE.

Poco más tarde, esta misma semana, Álava ha ratificado su negativa a subir los impuestos o a armonizar el de Patrimonio con el resto de España, pero también con Bizkaia y Gipuzkoa.

A la propuesta de reforma fiscal que el lehendakari Patxi López lanzó a los diputados generales el pasado 20 de julio, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha respondido con la alternativa de liderar un acuerdo con las diputaciones de Álava y Gipuzkoa en torno al impuesto de Patrimonio.

El problema es que sin un acuerdo básico entre las tres provincias en materia de impuestos, y en un escenario de máxima desarmonización fiscal, la Ley de Aportaciones puede añadir todavía mayor inestabilidad al sistema, como ya sucedió cuando en 2009 sólo Gipuzkoa recaudó el impuesto de Patrimonio.

El entonces exdiputado general de Gipuzkoa Markel Olano, del PNV, aseguró tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas en la que junto al Gobierno resolvieron el problema: "Hemos convivido en un escenario de desarmonización fiscal y se ha evidenciado que la metodología de la Ley de Aportaciones en un caso como el mencionado, no ofrece una solución satisfactoria para el conjunto de las instituciones vascas, ya que en un caso como éste, exige unas obligaciones incluso a los territorios en los que este tributo ya no era aplicable".

En ese escenario, el Gobierno volverá a reclamar en el debate de política general del próximo jueves el liderazgo que le otorga el Estatuto y la Ley de Armonización fiscal para impulsar determinados acuerdos y, sobre todo, campañas conjuntas de lucha contra el fraude fiscal.

Un papel cuestionado por el poder provincial, que también niega el del Parlamento como un foro nacional de debate de ese tipo de temas con el argumento de que las competencias en materia tributaria son exclusivas de las Juntas Generales, los parlamentos provinciales.

"Es inimaginable pensar que un cambio de partido en Alemania podría provocar un parón en el debate fiscal, como es inimaginable pensar que el Gobierno alemán no tuviera nada que decir en ese debate", criticó Joseba Arregi.

El ejecutivo sostiene que "es necesario un gran acuerdo en materia tributaria que garantice el incremento de la recaudación que garantice el gasto social y el mantenimiento de un Estado del Binestar de calidad".

López reclamará un cambio de actitud de los principales espadas de las diputaciones para articular un gran acuerdo a cuatro bandas que, sin cuestionar la capacidad exclusiva en materia tributaria de cada territorio, armonice la fiscalidad y no someta a más tensiones a los ciudadanos ni al propio sistema.

Pero el Gobierno despierta muchos recelos, sobre todo, en la Diputación de Bizkaia, cuyo diputado general, José Luis Bilbao, ha asumido el papel de principal ariete contra el Ejecutivo socialista, al quedarse como el único resorte de poder institucional del PNV en Euskadi, tras los resultados de las elecciones del 22-M.

Sin embargo, no es la primera vez que un Gobierno lidera una reforma fiscal en Euskadi. Los diputados generales sí aceptaron, en 1996, que el entonces vicelehendakari Juan José Ibarretxe liderara la reforma del IRPF en el País Vasco, recién inaugurada la capacidad normativa en base a los pactos alcanzados con el Gobierno popular de José María Aznar.

Ibarretxe, que se presentó comop candidato a lehendakari del PNV en las elecciones de 1998 con la bajada del IRPF como bandera, lideró la armonización ante aquel hecho: "Si se producen modificaciones será en el ámbito del conjunto de la comunidad vasca y no sólo en un territorio histórico".

Ibarretxe ejerció el papel que le otorgaba no sólo el Estatuto sino la Ley de Concierto y la LTH para impulsar la coordinación tributaria.

Curiosamente, ahora, las autoridades forales del PNV consideran que todo el marco normativo que avala la armonización está "obsoleto".

"Los actuales problemas que están aflorando son el resultado de una nación que nunca ha querido serlo, es el reflejo de una incapacidad congénita para hacer un país", asegura en tono más político el exconsejero Arregi. "El PNV ha querido desarrollar tres territorios y es lo que hay. Esa es la auténtica realidad pese a lo que persigue" el nacionalismo mayoritario, concluyó Arregi.