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Gipuzkoa pide cita en Bruselas para zanjar el caso de las ayudas ilegales

La Hacienda foral quiere que la solución sea "lo menos traumática posible"

Mikel Ormazabal

La Hacienda de Gipuzkoa está a la espera de concertar una cita "lo antes posible" con representantes de la Comisión Europea para tratar de resolver definitivamente el conflicto de las vacaciones fiscales. La reunión de los representantes de Bildu con las autoridades comunitarias cobra ahora más interés tras el último pronunciamiento del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien el pasado jueves aplaudió el cambio adoptado por la Diputación de Bizkaia y celebró su decisión de cumplir la sentencia de los tribunales europeos exigiendo por fin a las empresas que devuelvan la totalidad de las ayudas recibidas.

Los responsables del fisco en Gipuzkoa siguen analizando la "delicada" situación que han heredado de sus antecesores -la Hacienda de esta provincia siempre ha sido gestionada por el PNV, salvo durante los últimos cuatro años, en manos de Hamaikabat-, por lo que aún no han decidido cómo piensan resolver el "problema financiero" que supondría hacer frente, si así lo decreta finalmente el Tribunal de Luxemburgo, a una sanción que supera los 40 millones de euros a día de hoy.

Bilbao emplaza a Almunia a que retire la demanda de la multa
Pastor insta a Gipuzkoa y Álava a recuperar "cuanto antes" las ayudas

Gipuzkoa quiere "reconducir la situación de la manera menos traumática posible" para las arcas públicas y los intereses de las empresas que podrían estar afectadas. La Hacienda foral no ha hecho públicos los datos de las compañías que recibieron las denominadas vacaciones fiscales, minivacaciones fiscales y el crédito del 45% a la inversión, que han sido declaradas ilegales por la Corte europea. En todo caso, fuentes de la institución apuntan que la cantidad que aún quedaría por recuperar es inferior a la que soportan tanto Álava como Bizkaia. Esta última Diputación ha reconocido esta semana que ha pedido a 26 empresas que reembolsen 65 millones.

Este giro dado por Bizkaia ha supuesto romper la unidad que hasta ahora llevaban adelante los tres ejecutivos forales. Se da cuando el PNV ha perdido el control de Álava y Gipuzkoa, donde gobiernan el PP y Bildu, respectivamente. El diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, negó ayer en una comparecencia ante los medios que haya cambiado de criterio y emplazó al comisario Almunia a que retire la denuncia presentada por la Comisión contra España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas concedidas. Hizo este llamamiento tras conocer que el responsable comunitario de Competencia "se alegra mucho" del paso dado por Bizkaia porque supone cumplir con las decisiones de la Comisión Europea y las sentencias judiciales.

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"La buena voluntad se demuestra así: nosotros cumpliendo, ellos retirando la demanda y todos contentos", afirmó Bilbao en la presentación de una campaña contra el fraude fiscal. Dejó muy clara la razón por la que su equipo de gobierno ha variado su estrategia: "Lo que no queremos es pagar la multa". Esta Diputación siempre mantuvo que se habían recuperado las ayudas. "Nosotros hemos hecho los deberes", repetían sus responsables cada vez que una sentencia europea salía en su contra.

"Seguimos manteniendo que hemos hecho las cosas correctamente y vamos a seguir defendiendo hasta la última instancia de la Corte de Luxemburgo que hemos actuado correctamente", insistió. No obstante, el diputado general admitió que la demanda presentada por la Comisión Europea para que se sancione a España "es un elemento nuevo" que les obliga a actuar "con prudencia" a partir de ahora.

Bilbao desveló que la Hacienda está hablando "una a una" con las empresas afectadas, aunque no quiso precisar cómo podría afectarles la devolución de las ayudas ante la actual situación de crisis económica. "¿Hay empresas que igual cierran? Pues no lo sé", señaló. Bilbao también quiso aclarar que su deseo es "no polemizar con nadie" sobre este asunto, ya que cada una de las Diputaciones es "responsable de lo suyo". Asimismo, destacó que el Gobierno vasco conoce perfectamente lo que se está haciendo porque la Abogacía del Estado dirige la defensa de las instituciones vascas ante la Corte de Luxemburgo y las reuniones entre todas las partes "han sido innumerables".

En este sentido, la secretaria general de Confebask, Nuria López de Guereñu, pidió a las Diputaciones que contribuyan a resolver la situación "de manera conjunta", porque las consecuencias pueden ser "desastrosas" para muchas empresas. Además, la representante de la patronal vasca reclamó que se "rebaje" el tono de las acusaciones porque está en juego "el cierre de empresas y pérdidas de empleo".

De otro lado, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento, José Antonio Pastor, instó ayer a las Diputaciones de Gipuzkoa y Álava a recuperar "cuanto antes" las denominadas vacaciones fiscales, ya que, a su juicio, "es probable" que no se hayan devuelto en su integridad como ya ha reconocido Bizkaia.

Pastor opinó que las Diputaciones "han escondido un poco la cabeza debajo del ala" al negar que dichas ayudas ya se habían devuelto y criticó al diputado general de Bizkaia por engañar a la sociedad en torno a la devolución de las ayudas, mientras que ahora reconoce que quedan pendientes de recuperar 26 millones. "O bien [José Luis Bilbao] no sabía de lo que hablaba o bien nos ha estado engañando conscientemente durante todo este tiempo, y me inclino más por lo segundo que por lo primero", dijo Pastor durante una rueda de prensa en la Cámara vasca sobre actualidad política.

Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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