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Carmena cree que con las víctimas "hay una tarea pendiente"

Justicia elabora dos decretos, uno para afectados hasta 1978 y otro para el resto

"Es una oportunidad para ser útil, hay una tarea pendiente", dijo ayer a modo de saludo inicial la nueva asesora del Gobierno vasco para víctimas policiales, Manuela Carmena. La jurista, abogada laboralista y cofundadora de la progresista Jueces para la Democracia ha sido la elegida por el Departamento de Justicia para dar cuerpo jurídico al reconocimiento de quienes sufrieron abusos y excesos de las fuerzas de seguridad "para que no haya fisuras" y la tarea sea realizada "con todos los matices necesarios", según explicó ayer la consejera del ramo, Idoia Mendia. "Tiene una visión de como se deben hacer las cosas", añadió sobre la recién llegada.

Tras comparecer ante la ponencia parlamentaria en la que todos los partidos, salvo PP y UPyD, consensúan criterios sobre la cuestión, Mendia explicó que diferenciarán normativamente, con sendos decretos, a las víctimas en dos grupos: las del franquismo y la transición (1968-1978), por un lado y, las de la etapa democrática, de 1979 hasta nuestros días. La separación busca contextualizar claramente la violencia ocurrida en cada periodo y previsiblemente servirá de cortafuegos a cualquier relato que busque encontrar continuidad entre los excesos de las fuerzas de seguridad durante la dictadura y los ocurridos en democracia. Los decretos especificarán las ayudas para este tipo de víctimas y los criterios para acceder a las mismas. La consejera optó por no adelantar detalles sobre los requisitos que los solicitantes deberán acreditar. "Todos debemos ser prudentes, desde el máximo rigor", recalcó.

Carmena abordará primero la redacción del correspondiente a la dictadura y la transición. El Ejecutivo espera aprobar ambos textos entre finales de este y principios de 2012.

Poco antes de la presentación de la jurista, el parlamentario del PP, Carlos Urquijo, censuró la existencia de un espacio institucional para las víctimas policiales, alegando que "equipararía en rango político" a estos damnificados con las víctimas del terrorismo y "abonaría la teoría del conflicto que quiere disculpar la siniestra historia de ETA". Mendia respondió que la incorporación de Carmena solo supone reforzar un espacio administrativo que ya existe y que actuará como asesora, con rango de viceconsejera, dentro de la Dirección de Derechos Humanos encabezada por Inés Ibáñez de Maeztu.

La consejera negó que vaya a producirse equiparación alguna y sostuvo que "el origen de toda la violencia es ETA". "Las víctimas son víctimas porque han padecido un sufrimiento injusto, pero el origen es distinto, por lo que no hay equiparación posible", argumentó. Mendia recalcó, además, que la mayoría de las víctimas no tienen relación alguna con la actividad política. Algunas, razonó, simplemente tuvieron la mala suerte de pasar por un control policial o una manifestación. "No hablamos de terroristas que murieron manipulando una bomba o muertos en un enfrentamiento con la policía" aclaró. Sí habrá casos de etarras que han sufrido torturas en los que el victimario también será víctima". Toda persona tiene derecho a su integridad física y su dignidad humana, pero eso no les dará derecho a ser homenajeados", añadió al respecto.

"Lo que hacemos es cerrar definitivamente este asunto contribuye a legitimar el Estado de Derecho y marcar claramente la diferencia entre los demócratas y los terroristas", concluyó.

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Figura transversal

Manuela Carmena, 66 años, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial delegada para Euskadi, juez decana de Madrid y de Vigilancia Penitenciaria. Empezó en el despacho laboralista de Atocha que sufrió un ataque de la ultraderecha en 1977. El Ejecutivo de José Maria Aznar respaldó su candidatura para el Grupo de Trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU. El Gobierno vasco PNV-EA-EB le dio el Premio Manuel de Irujo.

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