Grecia aplica un recorte de hasta el 40% en las pensiones y sube impuestos

Tras varios días de rumores y miedos inconcretos, los ciudadanos griegos ya saben cómo les va a repercutir la nueva oleada de recortes que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar. Tras una tensa reunión de seis horas, el Consejo de Ministros anunció el enésimo plan de austeridad con el que trata de esquivar la quiebra. Los más perjudicados, como ya ocurrido en los ajustes anteriores, son las clases medias, los pensionistas y, muy especialmente, los funcionarios.

Los primeros tendrán que hacerse a la idea de que el impuesto sobre las viviendas que el Ejecutivo se sacó de la chistera el pasado julio no tendrá una vigencia de dos años, como se anunció al principio, sino por lo menos de cuatro. Además, solo estarán exentos del impuesto sobre la renta aquellos que ganen menos de 5.000 euros al año, y no 8.000 como hasta ahora. Las pensiones superiores a 1.200 euros se reducirán en un 20% en la parte que supere esa cifra; y se recortará un 40% de lo que exceda a 1.000 euros para aquellos que se hubieran retirado antes de los 55.

Las negociaciones con la troika seguirán el fin de semana en Washington

Pero el mayor castigo, como exigían la UE y el FMI, se lo llevan los funcionarios. El primer ministro, Yorgos Papandreu, ya había anunciado hace tiempo el proyecto de enviar a los funcionarios a la "reserva", un limbo en el que se pasa a cobrar un 60% del salario anterior durante un año.

Tras ese periodo transitorio, los empleados públicos que no se hayan reconvertido en el sector público a través de cursos de formación ni hayan encontrado un puesto en la empresa privada pasan directamente a las listas del desempleo. La novedad del Consejo de Ministros de ayer fue ponerle números a este colectivo: serán 30.000 los integrantes del sector público que pasen a la reserva. Muchos se preguntan cómo van a encontrar empleo todos a la vez en un país en el que la tasa de paro ya supera el 16%. Además, el nuevo sistema de salarios "transparente, fiable y justo" supone para los trabajadores del sector público, según algunos analistas citados por la agencia Efe, una caída en sus ingresos del 15%.

En los dos últimos años el sector público ya se ha deshecho de 200.000 empleos, en la mayor parte de los casos al no cubrir las vacantes que quedan libres o no renovar los contratos temporales. Pero la troika -Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo- cree que el hiperatrofiado Estado griego tiene que adelgazar mucho más: hasta 150.000 trabajadores menos a lo largo de este año y los cuatro próximos.

"Estamos haciendo y haremos todo lo que sea necesario. No pondremos el destino del país en riesgo. Si quieren que salvemos la economía hay que cumplir con las reformas estructurales y fiscales", aseguró el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, antes del Consejo de Ministros. Papandreu quiere dejar claro el firme propósito del país de continuar en la zona euro cueste lo que cueste. "Estas medidas nos permiten cumplir con las condiciones del plan de rescate hasta 2014", añadió un portavoz gubernamental.

Pese a la cada vez más insoportable presión popular, el Gobierno ha aprobado estas medidas para lograr arrancar a la troika el sí que desbloquee los 8.000 millones correspondientes a este mes del rescate que se aprobó en mayo del año pasado. Sin este dinero, como se han encargado de repetir en los últimos días los socialistas de Papandreu, el país entraría en la ruina y ni si quiera podría pagar a profesores, médicos y el resto de empleados públicos.

Las conversaciones entre Grecia y la UE de los dos días anteriores habían logrado progresos "sustanciales", según las palabras del ministro y viceprimer ministro Venizelos, quien seguirá negociando este fin de semana en Washington durante la reunión del FMI. Tras aprobar estas medidas, que se ultimaron en la noche del martes, Atenas podrá encarar mejor las negociaciones con la troika, que la próxima semana volverá a Atenas tras haber abandonado la ciudad por las resistencias del Gobierno a dar el empujón definitivo a las reformas.