Facenda tumba rebajas fiscales que planeaba la Consellería de Industria

Al final, Facenda se salió con la suya. El intento del conselleiro de Economía, Javier Guerra, de incidir en la política fiscal a través de la Ley de Industria ha resultado fallido, después de que el departamento de Marta Fernández Currás emitiera un informe negativo que le ha obligado a retirar todas las disposiciones que introducían exenciones en tributos autonómicos, con un impacto anual en los ingresos de 1,7 millones de euros. En su informe, Facenda recuerda a Economía que la política tributaria es de su competencia, que el coste de las rebajas sería "muy superior" al calculado en la memoria económica de la ley y que estas incidirían negativamente en el equilibrio presupuestario.

El anteproyecto de Ley de Reguladora de la Política Industrial de Galicia, que Guerra presentó el pasado mes de abril, incluía cuatro modificaciones de leyes autonómicas para introducir cinco exenciones fiscales. Tras el informe de la Dirección Xeral de Tributos, que depende de Facenda, las exenciones se cayeron del texto que aprobó el Consello de la Xunta el 1 de septiembre y que entró en el Parlamento de Galicia la pasada semana.En su informe, la consellería de Fernández Currás recuerda a Economía e Industria que "el centro directivo competente" para elaborar las disposiciones referentes a cualquier impuesto es la Dirección Xeral de Tributos. Añade como argumentos la "complicada situación financiera" de Galicia y la necesaria "reducción del gasto público". "Las reformas en el ámbito fiscal deben responder a una acción conjunta del Gobierno", advierte el documento, que lamenta que no se haya indicado cómo se financiaría la merma de ingresos, bien "con medidas de ahorro del gasto" o bien "con nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación".

El anteproyecto preveía ampliar una deducción impulsada personalmente por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: la de un 20% del IRPF del capital aportado por la adquisición de acciones y participaciones sociales o por la inversión en acciones de sociedades que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil, con un límite de 4.000 euros. La Ley de Industria pretendía elevar el porcentaje de rebaja al 30% y el límite a 6.000 euros, pero la propuesta no aparece en el texto que tramitará el Parlamento.

Otra rebaja que se cae de la ley es la deducción del 40% de las cantidades pagadas en los hogares gallegos como alta y cuotas mensuales para acceso a Internet en la contratación de líneas de alta velocidad, con un límite de 400 euros. Javier Guerra renuncia también a practicar una deducción del 100% de la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, en la constitución de entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines el desarrollo de la sociedad de la información, la investigación e innovación científica o el desarrollo tecnológico.

La cuarta de las exenciones vetadas por Facenda consistía en una reducción del 95% en el impuesto sobre sucesiones para las donaciones de dinero de padres a hijos menores de 35 años, siempre que sean invertidas en la creación o constitución de empresas o negocios profesionales. El límite de la donación se establecía en 125.000 euros y el de la renta del donatario, en 50.000 euros.

De acuerdo con la memoria económica del anteproyecto de ley, las ayudas a la implantación de Internet de alta velocidad en los hogares tendrían un impacto económico de 400.000 euros. La exención del impuesto de actos jurídicos documentados para las empresas relacionadas con el desarrollo tecnológico mermaría los ingresos en 450.000 euros, mientras que la deducción del 100% de la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados lo haría en 150.000. Los descuentos por inversiones en el Mercado Alternativo Bursátil costarían 250.000 euros, y las bonificaciones en las donaciones de padres a hijos, de 450.000 euros. Todos estos cálculos son cuestionados por la Dirección Xeral de Tributos, que considera que el impacto económico sería "muy superior".

El Grupo Parlamentario Popular, por otra parte, impuso ayer su mayoría para vetar en comisión parlamentaria la petición de PSdeG y Bloque de que anule la revisión de las tablas de valoraciones inmobiliarias, que suponen un incremento de la base imponible de en torno al 30%. El portavoz del PP, Pedro Puy, aseguró que en realidad no se trata de un aumento, sino que "hasta ahora se cobraba de menos". La oposición criticó el aumento en un contexto de caídas en el mercado inmobiliario.