El plan urbano de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa
La policía implica en Brugal al despacho, cuyas alegaciones fueron todas aceptadas
La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante.
El caso Brugal investiga una supuesta trama política y empresarial vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja, y al urbanismo en Alicante. El fiscal Anticorrupción sostiene que el principal promotor urbanístico alicantino, Enrique Ortiz, llegó a pagar al hermano de la regidora por obtener información privilegiada sobre la redacción del PGOU.
Se calcula que los abogados pudieron obtener más de tres millones de euros
El despacho del hermano de la alcaldesa empezó a operar en diciembre de 2008, tres meses después de que Sonia Castedo, accediera al cargo, tras la dimisión de Luis Díaz Alperi.
Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más. Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.
El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".
La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe policial, que ayer el juzgado entregó a las partes.
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