La 'comisión De Miguel' señala a Bizkaia por su falta de colaboración

El presidente de la Comisión de investigación del Parlamento vasco que indaga sobre la presunta trama corrupta del caso de Miguel, Juanjo Agirrezabala (EA), incrementó ayer la presión sobre la Diputación de Bizkaia (PNV) para instarle a que colabore facilitando los datos fiscales de varias de las empresas vinculadas a las operaciones de la trama. Bizkaia, afirmó Agirrezabala, es la única institución que se niega a facilitar la información solicitada, en concreto los movimientos bancarios de más de 3.000 euros de diversas compañías, algunas de ellas con sede en el citado territorio, como Sidepur, intermediaria en la operación urbanística de Zambrana.

"No los pedimos por capricho, entendemos que son necesarios para ir concluyendo la investigación", recalcó el presidente, que confirmó que reiterarán la petición. El ente foral vizcaíno, por su parte, alega que la normativa impide facilitarla. Tras recibir la solicitud a finales de 2010, la Diputación respondió que, si bien los servicios jurídicos forales reconocen que una de las excepciones para comunicar datos fiscales a terceros es la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación, no existe un "marco legal" en Euskadi o en Bizkaia al respecto. Por ello, alegó, hay que recurrir a una normativa estatal de 1994 que solo autoriza a proporcionar los datos de personas físicas y no de las personas jurídicas.

Agirrezabala: "No los pedimos por capricho, esos datos son necesarios"

El presidente quiere llevar a pleno el dictamen antes de finales de año

Los letrados de la Cámara respondieron en marzo con un informe jurídico que avalaba la cesión de los citados datos a una comisión del Parlamento autonómico. Días después, la Diputación insistió en su negativa alegando que no existe una norma foral tributaria que lo autorice. En Álava, donde se constituyó una comisión en Juntas Generales para investigar lo ocurrido en Zambrana, hizo falta un cambio legal para que la Diputación alavesa accediera a facilitarles datos fiscales sobre empresas. Bizkaia no colaboró con esta comisión.

El parlamentario Carmelo Barrio (PP) presentó en abril una proposición no de ley para recordarle al ente foral vizcaíno que está "obligado" a colaborar con las comisiones de investigación de la Cámara. El texto debería de ser votado en las próximas semanas.

Además de la información sobre Sidepur, la comisión pide los datos sobre movimientos bancarios de Urbanorma Consulting, Construcciones Loizate, así como las operaciones en territorio vizcaíno de empresas con domicilio en Álava como Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Altzatebaita, Landaburu Etxea, Eskalmelo y Riera Urbanizer.

La comisión ha solicitado también los datos fiscales de la empresa que intermedió en la compra de terrenos de Santurtzi realizada por Sprilur, Avalancha Proyectos, que un juzgado de Bilbao investiga por malversación de caudales públicos -el caso no guarda relación el caso De Miguel-. La transacción incluyó un pago mediante un cheque al portador de 460.000 euros, una práctica inédita en la Administración Pública. El propietario de los terrenos es primo del presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar.

Ayer, la Cámara escuchó el testimonio de quien fuera hasta 2007 alcalde de Santurtzi, el socialista Javier Cruz, que en una breve comparecencia manifestó que nunca hubo planes para edificar en los terrenos adquiridos un polígono industrial. La actual Ccorporación, en manos del PNV, tampoco tuvo intención de recalificar las parcelas.

La comisión, que lleva ya 35 reuniones y 50 comparecencias, afronta su recta de final. Agirrezabala confirmó que otras dos personas cerrarán el listado de comparecencias a lo largo del mes de octubre, no quiso confirmar si son algunos de los nuevos imputados en la causa. El presidente ya ha comenzado la redacción de las conclusiones. Su objetivo es elevar a pleno el dictamen de conclusiones antes de fin de año.