Ocho años por atentar contra un alto cargo de la Generalitat

Tamara Hernández, que en octubre de 2009 envió un paquete bomba al entonces responsable de Prisiones de la Generalitat, Albert Batlle, aceptó ayer una condena de ocho años de cárcel. Hernández, miembro del grupo Cruz Negra Anarquista, reconoció los hechos y aceptó una pena que es la mitad de la que solicitaba el fiscal por intento de asesinato y tenencia de explosivos.

La joven envió el artefacto a la oficina de Batlle desde una oficina de correos de Alcalá de Henares. Lo hizo "con la intención de matarle", según consideró probado la fiscalía en su escrito de acusación. Hernández atentó contra el excargo público para exigir la excarcelación de Amadeu Casellas, un veterano militante anarquista que cumplía una larga condena por atracar multitud de bancos durante la transición y, posteriormente, traficar con drogas.

El artefacto fue interceptado nada más llegar a la sede de Prisiones y detonado de forma controlada. Contenía un explosivo completo de fabricación casera y se activaba nada más abrirse. Según el fiscal, el paquete disponía de "todos los elementos necesarios" para que sus 50 gramos de pólvora explotasen. Los efectos de esa explosión "podrían ser diversos, con probabilidad de causar daños y lesiones graves", incluso "la muerte de la persona que abriese el paquete, según la distancia al artefacto".

El abogado de la defensa, Jaume Asens, pretendía aportar pruebas periciales para demostrar que el artefacto era de escasa potencia. El juicio iba a celebrarse ayer en la Audiencia de Barcelona, pero Hernández aceptó finalmente la pena de ocho años. Fuera del recinto judicial, una treintena de jóvenes apoyaron, con gritos de "abajo los muros de las prisiones", a la joven anarquista.