El Supremo revoca la decisión de abrir un expediente a Chaves
El tribunal corrige el fallo del TSJA que ordenó a la Junta que expedientase al expresidente andaluz tras la subvención a una empresa en la que trabaja su hija
El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que ordenó al Gobierno andaluz la apertura de un expediente sancionador al vicepresidente del Gobierno y expresidente de la Junta Manuel Chaves. La decisión del tribunal corrige la decisión del TSJA sobre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz.
El caso Matsa ha tenido dos vertientes judiciales que de momento han terminado en nada. La vía penal fue abortada después de que el Tribunal Supremo archivase la denuncia que el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentaron contra Chaves por prevaricación y tráfico de influencias. La segunda vía, la contencioso-administrativa, empezó cuando el Gobierno andaluz, ya presidido por José Antonio Griñán, desestimó abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves, como pedía el PP.
El PP destaca que la sentencia no analiza "el fondo" del caso y anuncia un recurso
El partido que preside Javier Arenas entendía que Chaves había incumplido la Ley de Incompatibilidades de Andalucía por no haberse inhibido en el Consejo de Gobierno que aprobó la subvención a la empresa en la que trabaja su hija Paula.
Esta negativa del Consejo de Gobierno andaluz a abrir el expediente sancionador a Chaves hizo que el PP acudiera al TSJA, que le dio la razón y ordenó la apertura del expediente. Ahora el Supremo también ha puesto fin a esta vía al estimar un recurso de la Junta y resolver que el PP no tenía legitimidad para denunciar el caso. El Supremo no entra en el fondo de si Chaves debió inhibirse o no, sino que considera que el PP carece de legitimación para presentar alegaciones en este caso contra la Junta, al contrario que el TSJA.
En su recurso, la Junta alegaba que los tribunales no pueden sustituir "la potestad sancionadora" del poder Ejecutivo: "Los órganos judiciales no pueden convertirse en impulsores del procedimiento sancionador, sino que han de revisar la actuación administrativa de investigación".
El PP andaluz ha utilizado políticamente el caso Matsa, desde que surgió hace dos años, contra Chaves. Ayer no se dio por vencido y anunció un recurso de súplica ante el Supremo, que le abriría la puerta para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Chaves dijo ayer que está seguro de que el PP "no le va a pedir disculpas" por el fallo, "porque eso exige mucha altura de miras y de eso andan bastante escasos en el PP". El vicepresidente achacó las querellas del PP al "rencor" de Arenas por sus victorias electorales. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, celebró que el Supremo ponga fin a la "cacería" del PP contra Chaves, informó Europa Press.
La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, alegó que la sentencia no señala que "Chaves sea inocente", ya que no entra a valorar "el fondo" del asunto y "no le deja exento de culpa". Oña discrepó sobre el criterio del Supremo. "Tenemos todo el derecho del mundo a exigir que Chaves, igual que cualquier ciudadano, sea analizado sobre sus posibles responsabilidades", afirmó.
Decisión sobre los ERE
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo resolverá el próximo lunes el conflicto planteado por la Junta de Andalucía después de que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, y otros dos magistrados forman parte de este tribunal, que dilucidará un aspecto clave en la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
La magistrada exigía a la Junta la entrega de las 480 actas de la última década, porque "carecen del carácter secreto o reservado", según la Ley del Gobierno de la Comunidad. La juez estima que necesita conocer las actas para saber si hasta la mesa del Gobierno andaluz llegaron los reparos de la Intervención General sobre el procedimiento seguido para tramitar las subvenciones a los ERE.
La Junta andaluza recuperó el pasado julio las actas, depositadas en un armario de seguridad en los juzgados sevillanos. Alaya las había reclamado la pasada primavera ante el temor de que las actas "pudieran alterarse", una decisión que la Audiencia de Sevilla tumbó. El tribunal consideró que no estaba justificada la desconfianza hacia el Ejecutivo andaluz.
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