Los gestores del centro Príncipe Felipe ganan más que Fabra

A la vista de los sueldos que se cobran en algunas fundaciones y empresas públicas de la Generalitat ser presidente del Consell no es ninguna bicoca. Los administradores del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia, hasta ahora el buque insignia de la investigación médica en la Comunidad Valenciana, cobran más que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuyo salario anual está cifrado en 67.616 euros.

El director general del centro investigador, Rubén Moreno, que ha sido quien ha pilotado el complejo desde que tuvo que dejar su responsabilidad al frente del Insalud cuando Celia Villalobos era ministra de Sanidad, y el gerente, Carlos Pérez Espuelas, nombrado a mediados del año pasado, superan con creces el salario de Alberto Fabra.

Según fuentes de la fundación que gestiona el centro investigador, el anterior consejero de Sanidad, Manuel Cervera, entonces presidente del patronato, autorizó la contratación del gerente con un salario ligeramente superior a los 70.000 euros anuales.

La contratación del gerente como alto ejecutivo prevé, además, un bonus que puede alcanzar los 7.000 euros anuales si alcanza los objetivos que le fije a principios de año una comisión del patronato de la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, que está controlada por el Consell.

El gerente, que es quién da cuentas al patronato, tiene su residencia habitual en Madrid, por lo que el centro investigador le paga los gastos de su alojamiento en Valencia; así como una cantidad próxima a los 3.000 euros anuales en gasolina para desplazamientos.La política de personal del centro ha incluido, además de salarios propios del sector privado para los responsables administrativos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), fichajes estrella de científicos como Miodrag Stojkovic, miembro del equipo británico que clonó un embrión humano con fines terapéuticos, que abandonó el centro en medio de una polémica por plagio.

Por contra, los sucesivos recortes en los fondos que la Generalitat destina al funcionamiento del centro investigador se tradujeron en el despido de siete personas en 2010 por motivos económicos, a los que este año se sumarán otros seis, que tras finalizar su periodo de dos años de beca no tendrán los otros dos años de contrato laboral que prevé el Estatuto del Personal Investigador en Formación. Y la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que piensa cerrar las líneas de investigación que no sean rentables.

En 2009, la Generalitat presupuestó 9,8 millones de euros para el funcionamiento del centro. Una cifra que se redujo a poco más de seis millones en 2010. Este año, el dinero inicialmente consignado ronda los 4,6 millones de euros. Y para el año que viene la gerencia ya ha adelantado que solo dispondrá de 2,2 millones de euros. Un recorte del 80% en poco más de tres años. Aunque la Generalitat achaca la necesidad de reconvertir el centro Príncipe Felipe a que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha paralizado una subvención de 1,7 millones para el programa de medicina regenerativa. La diputada de Compromís Mònica Oltra ha solicitado en las Cortes la comparencia del consejero de Sanidad, Luis Rosado, para que explique la situación del CIPF. "Exigimos que la Generalitat aumente la subvención y que se trabaje para recuperar los fondos del Ministerio", indicó. Para Mònica Oltra, "es evidente el desprecio del PP hacia la investigación científica, mientras no son capaces de parar el despilfarro en gastos superfluos, recortan por lo que tiene que ser uno de los motores claves del futuro de una sociedad, como es la investigación".

El parlamentario de Esquerra Unida Lluís Torró argumentó que "la gestión económica del centro ha sido absolutamente nefasta y finalmente ha acabado salpicando a los investigadores".

Por su parte, el comité de empresa del CIPF lleva desde 2010 intentando conocer detalles sobre la gestión del instituto. Cada intento, señala su portavoz, Rafael Pulido, se ha encontrado con un muro levantado por la dirección que solo han logrado sortear acudiendo a la Inspección de Trabajo y con el apoyo de los gabinetes jurídicos de CC OO y UGT.