El plan 'Merkozy-Sarkel'

Tanto monta, monta tanto. ¿O no? Angela Merkel y Nicolas Sarkozy decidieron en pleno mes de agosto hacer valer la potencia del eje franco-alemán para lanzar (¡por fin!) un Gobierno económico para salvar el euro. La idea, de entrada, no parece mala, pero contiene dos grandes errores que ponen en riesgo el proyecto. En primer lugar, la dureza de las condiciones a los países más endeudados parece olvidar la benevolencia que tuvo la Unión Europea entre 2000 y 2004, cuando Alemania y Francia se saltaron el Pacto de Estabilidad europeo sin sufrir sanciones. Y, en segundo, la negativa a emitir eurobonos, que mantiene la inestabilidad financiera en el área euro.

El resto de las medidas propuestas tienen, desde mi punto de vista, todo el sentido del mundo. Sobre todo, la creación de un Consejo Europeo y la inclusión en las Constituciones de los países miembros la disciplina fiscal (siempre y cuando se haga de forma flexible). España ha asumido esta última propuesta, consiguiendo un consenso importantísimo entre el PSOE y el PP. Si ambos partidos hubieran mostrado esa misma responsabilidad política durante los últimos cuatro años, nuestra economía no habría estado al borde del colapso tantas veces en tan poco tiempo.

Ayudarían a devolver la tranquilidad la emisión de eurobonos y ampliar el fondo de rescate

Las medidas tienen todo el sentido, sobre todo la inclusión de la disciplina fiscal en las Constituciones

Merkozy o Sarkel (como prefieran) se convirtieron en una sola persona el 16 de agosto. Después de dos horas de reunión en el parisiense palacio del Elíseo, los jefes de Gobierno de Francia y Alemania comparecieron ante la prensa solemnemente para declarar su voluntad de crear un auténtico Gobierno económico europeo "que devuelva la confianza en los mercados europeos".

Por fin, se planteaban medidas de corte estructural para solucionar una crisis que se intentaba atajar con acuerdos coyunturales que había que cambiar cada cierto tiempo. Aunque para ello hizo falta que el efecto contagio pasara de España a Italia y Bélgica y empezara a amenazar seriamente a la todopoderosa Francia.

La duda que surgió entonces, y se mantiene ahora, es cómo se instrumentará ese nuevo Gobierno europeo (¿acaso no existía ya un Gobierno económico de los 17?), qué poder real tendrá para hacer cumplir sus decisiones a los países del euro y quién mandará realmente en ese Ejecutivo: todos los países, o el eje franco-alemán. Tampoco quedaba claro qué papel debe jugar en el futuro el Banco Central Europeo (de hecho, desde Alemania siguen criticando la decisión de Trichet de comprar deuda española e italiana).

Esas dudas llevaron a que la euforia de los políticos europeos no se viera correspondida por la respuesta de los mercados, que recibieron a la baja la propuesta franco-alemana. Si a eso unimos los posteriores malos datos de crecimiento económico de la mayoría de los países ricos (el fantasma de una segunda recesión ha vuelto a aparecer), las Bolsas europeas han sufrido un severísimo castigo durante el mes de agosto.

Pero vayamos a las propuestas concretas. La primera de ellas consiste en crear un Consejo europeo, formado por los jefes de Estado y Gobierno de los 17 países miembros de la eurozona, que contaría con un presidente permanente (inicialmente Herman Van Rompuy). Se trata de elevar el rango del máximo órgano de decisión económica de la Europa del euro, hasta ahora formado por los ministros de Economía y Finanzas. Bienvenida sea la propuesta, siempre que el Consejo sea efectivo y eficaz.

La segunda medida es el establecimiento solemne de la llamada "regla de oro" del equilibrio presupuestario. Se trata de incluir en las Constituciones de los 17 un compromiso firme de disciplina fiscal, al estilo del alemán (límite de déficit fiscal del 0,35% del PIB a partir de 2016). La propuesta parece correcta, por lo que supone de mensaje potente a los mercados de que los países del euro van a sanear de una vez para siempre sus finanzas.

El problema es cómo se materializan esas cláusulas en las distintas Constituciones europeas, sin que suponga un corsé excesivo para las políticas fiscales de cada país; sobre todo, para los países más endeudados, que necesitan volver cuanto antes a la senda del crecimiento económico. Guillermo de la Dehesa llegaba a decir el 21 de agosto en estas mismas páginas que esta medida "solo sería viable si el área euro fuese un Estado federal, en el que sus Estados miembros estén sujetos a déficit cero, siendo el Estado federal el que hiciera una política fiscal contracíclica". Claramente, tiene razón, teniendo en cuenta la asimetría entre los 17.

Por eso, el planteamiento consensuado en España, por el que la Constitución recogería el compromiso general de estabilidad presupuestaria y la cifra del tope de déficit se establecería en una ley orgánica posterior, dota a los Gobiernos sucesivos de una flexibilidad suficiente para poder plantear su política económica y fiscal.

Otras medidas más discutibles son el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras (una especie de tasa Tobin a la europea, difícil de explicar a los mercados si no se plantea de forma global), la armonización del impuesto de sociedades y un control estricto sobre los países de reciben fondos comunitarios, que podrían ser "requisados" si no cumplen sus compromisos fiscales. Sobre esta última medida, parece claro que la retirada de esos fondos a los países intervenidos supondría su hundimiento definitivo.

Lo que olvidaron Merkozy y Sarkel en su agenda de trabajo fueron dos acciones que ayudarían, sin duda, a devolver la tranquilidad a los mercados mientras se van asentando los cambios estructurales en el modelo de Gobierno europeo: la emisión de eurobonos y la ampliación del fondo de rescate europeo. Volvemos a la idea de los bomberos que antes de echar agua al fuego se ponen a discutir las causas del incendio, mientras este se propaga con fuerza.