El Comité de ministros de Boric vuelve a rechazar el proyecto minero Dominga

El Comité de ministros del Gobierno del presidente Gabriel Boric, encabezado por la cartera de Medio Ambiente, ha rechazado este miércoles por segunda vez en dos años, por unanimidad, el proyecto minero Dominga, una planta de extracción de hierro y cobre, valorada en 2.500 millones de dólares, de propiedad de la chilena Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano. La decisión ha sido tomada por seis autoridades subrogantes, pues los integrantes del Gabinete de la Administración de izquierdas no podían participar: estaban inhabilitados ya que se habían pronunciado en 2022.

El proyecto, situado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, es una mina a cielo abierto, capaz de producir cada año 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre y que abastecería al mercado chino a través de un puerto con un muelle de 1,2 kilómetros. Lleva más de 10 años entrampado en Chile, una etapa en que ha enfrentado diversas controversias judiciales, además de la fuerte oposición de organizaciones ecologistas que lo han impugnado, entre otras razones, por su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Hümboldt.

La decisión fue tomada por integrantes de los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Salud, Minería, Agricultura y Energía, que se reunieron tras un fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, del 10 de diciembre, que obligó a la instancia a volver a pronunciarse al acoger una reclamación que Andes Iron interpuso en contra del primer Comité. Los jueces especializados consideraron que en la decisión de 2022 se infringió el principio de imparcialidad “de manera sustantiva”, debido a que la exministra de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en el pasado habían emitido opiniones en contra de Dominga.

En la determinación de este miércoles, el Comité de ministros acogió una docena de reclamaciones ciudadanas referidas a la exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad y “el insuficiente” plan de contingencia y emergencia. “Se excluyeron indebidamente las observaciones de la Conaf [Corporación Nacional Forestal, estatal], que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas como la Krameria cistoidea (pacul) y la Balsamocarpon brevifolium (algarrobilla, en peligro de extinción), ambas presentes en el área mina del proyecto y que es una fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, especie en peligro de extinción”, señala el primer punto.

Además, la instancia dijo que “tampoco considera un plan de prevención de contingencias y emergencias para vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que el proyecto se ubica en un área de características únicas, sirviendo de hábitat para especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos en categorías de conservación, la que actualmente se encuentra protegida, todo lo cual disminuye la tolerancia aceptable al riesgo”, agregó.

Tras la decisión, Greenpeace Chile, una de las organizaciones que se ha opuesto a Dominga, emitió una declaración en la que destacó que la de este miércoles es la tercera vez que el proyecto se rechaza —en 2017 lo hizo también el Comité de ministros de la segunda Administración de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018)— lo que confirma, dijo, que es “inviable por el grave riesgo que significa para la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y sus alrededores, una de las áreas protegidas más importantes del norte de Chile. Este ecosistema es reconocido mundialmente por ser el albergue de especies amenazadas y en peligro de extinción, como la ballena azul, el yunco y el mismo pingüino de Humboldt”.

Andes Iron, en tanto, emitió una declaración pública en la que dijo que “la actuación del Comité de ministros marca un nefasto precedente nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental” y que “resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso”. Según la empresa, lo resuelto por las autoridades “violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener vicios profundos”.

La empresa anunció acciones legales, con el objetivo, explicó, que “próximamente podrá desarrollar el proyecto Dominga, ya que éste cumple cabalmente con todas las condiciones exigidas por la institucionalidad ambiental”.

Los gremios empresariales chilenos también han criticado la determinación. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, ha catalogado la decisión como “lamentable”. Y ha señalado que “demuestra que la política puede más que la economía. La comuna de La Higuera, la región de Coquimbo y el país necesitan con urgencia más inversión, más empleo y más crecimiento. Pero hoy nuevamente se desconocen los criterios técnicos y se rechaza un proyecto que ha cumplido con la normativa vigente y con las exigencias para su correcta evaluación ambiental”.

Jiménez agregó que “se está dando una señal preocupante a los inversionistas, en momentos en que lo que necesitamos es certeza jurídica, procesos objetivos e instituciones sólidas”.