Las claves del controvertido itinerario político y judicial del proyecto minero Dominga en Chile

El proyecto minero Dominga, una planta de extracción de hierro y cobre valorada en 2.500 millones de dólares, atraviesa un nuevo hito en su larga trayectoria judicial en Chile. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió este lunes la reclamación presentada por la empresa Andes Iron SpA contra la decisión del Comité de Ministros del Gobierno de Gabriel Boric en 2023, que calificó desfavorablemente la iniciativa. Con esto, se abre un nuevo escenario para que, tras más de una década entrampada en asuntos legislativos, avance la construcción de una gigantesca mina capaz de producir 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre al año en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, unos 500 kilómetros al norte de Santiago. El proyecto genera un fuerte rechazo de organizaciones ecologistas por su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Hümboldt.

Los vaivenes iniciales

En 2013 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento que permite determinar si un proyecto cumple con la legislación ambiental vigente. En marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) rechazó el proyecto por estimar que no se podían descartar impactos ambientales significativos en el área que pretende levantarse, lo que fue ratificado ese año por el Comité de Ministros en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Este hecho provocó una crisis en la Administración de la socialista y derivó en la renuncia de sus ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y Economía, Luis Felipe Céspedes. En 2018 el Primer Tribunal Ambiental falló a favor del proyecto y luego llegó a la Corte Suprema por seis recursos de casación presentados por detractores de Dominga. En 2021, el Primer Tribunal Ambiental acogió una reclamación de Andes Iron en favor del proyecto, y determinó que Coeva debía realizar una nueva votación, la que derivó en su aprobación, pero con condiciones.

El rechazo de Boric al proyecto

En diciembre de 2023, Gabriel Boric fue electo presidente de Chile y en su primer discurso mostró, una vez más, su rechazo a Dominga. Anteriormente, en calidad de diputado, a raíz del proyecto dijo “desarrollo sí, pero no a costa del futuro”, argumentando que la mina destruirá uno de los ecosistemas más importantes en América Latina. En 2023, el Comité de Ministros de su Administración rechazó al proyecto al acoger las reclamaciones provenientes de la participación ciudadana, que alegaban que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no consideró fundadamente sus observaciones en materias de medio marino, áreas protegidas, medio humano, recursos hídricos, valor turístico y emisiones atmosféricas.

El fallo del Tribunal Ambiental

El Primer Tribunal Ambiental chileno acogió este lunes, en votación unánime, la reclamación presentada por la empresa Andes Iron contra la decisión del Comité de Ministros del Gobierno Boric. Consideró “ilegal” la resolución por varias razones, una de ellas porque, según dicen, se infringió el principio de imparcialidad “de manera sustantiva”, debido a que la exministra de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunciaron en el pasado en contra del proyecto, y después ambas votaron en el comité integrado por seis ministros. El tribunal dio un plazo de 15 días para que un comité renovado se pronuncie frente al proyecto.

La postura del Ministerio de Medio Ambiente

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo este martes el Congreso que como Ejecutivo respetan la decisión de otro poder del Estado: “Todavía existe la opción de que se pronuncie la Corte Suprema. No me voy a pronunciar en el fondo porque hay procesos que están pendientes. En el Comité de Ministros, y esto no solo en este caso, sino que en todos, siempre hemos tomado decisiones técnicas conforme a lo que nos recomienda el Servicio de Evaluación Ambiental, que hace el análisis técnico”. Un dictamen de la Contraloría de agosto de 2023 determinó que “no se configuraron las inhabilidades denunciadas” respecto de Rojas en el procedimiento que resolvió las reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga.

La respuesta de Andes Iron

Tras conocer la decisión del Tribunal Ambiental, Andes Iron, controlada por la familia Claro, sostuvo que están “muy conformes con el categórico y unánime fallo”, el cual anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y restableció la Resolución de Calificación Ambiental. “El proyecto Dominga ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido. En 2017 obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en tres oportunidades diferentes, incluida ésta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ha confirmado que se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental”.

Un posible destino: la Suprema

Aún quedan instancias administrativas y judiciales pendientes para la definición de la operación del proyecto. En el entorno del ministerio del Medio Ambiente señalan que, tal como ha ocurrido en estos casos, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como secretaría técnica del Comité de Ministros, podría presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.