Empleo confirma la multa de 15.000 euros a un centro especial de Granada

La Consejería de Empleo ha resuelto la primera acta de infracción que afronta la compañía de telemárketing MFK, un centro especial de Empleo que mantuvo sedes en Granada, Málaga y Jaén, por no pagar los salarios de 18 trabajadores discapacitados entre febrero y abril pasados. Tras la propuesta de multa del inspector de Trabajo en junio, ahora la Dirección General de Trabajo ha confirmado la sanción prevista de 15.000 euros por falta muy grave, después de la denuncia pública que realizaron los extrabajadores y el sindicato CC OO sobre las prácticas abusivas de la compañía MFK la semana pasada.

"Se considera agravante la absoluta precariedad en que se encuentran los trabajadores y el número de afectados (18), es decir, todos los trabajadores que prestaban servicios en la empresa en el momento del levantamiento del acta", refleja la resolución de la Dirección General de Trabajo sobre la sede de Granada inspeccionada. La multa no es firme y el administrador de la empresa, Eduardo de los Santos, puede ahora presentar un recurso de alzada contra el dictamen, a pesar de que hasta ahora no ha presentado alegaciones al expediente.

Además de esta sanción, MFK afronta otras tres multas graves por una irregular prevención de riesgos laborales, por obstrucción a la labor inspectora de Trabajo y por impago de subsidio de incapacidad laboral transitoria.

Sin embargo, estas multas, que no suman más de 3.300 euros en total, deberían ser resueltas en la Delegación de Empleo de Granada, pero de momento los servicios jurídicos estudian si es procedente. El problema surge porque el administrador de MFK presentó una querella en los juzgados contra 13 altos cargos de la Consejería de Empleo, entre los que figura Marina Martín, delegada de Empleo en Granada, que debería firmar las tres resoluciones menores contra MFK.

De los Santos acusa a los altos cargos de apropiación indebida, estafa y prevaricación, y expone que la Junta "se ha apropiado o distraído el dinero" que recibía de la Unión Europea destinadas al fomento de la contratación en los centros especiales de empleo (3,3 millones previstos para MFK). "No es de recibo, ni legal ni moral, que la Consejería de Empleo, recibiendo fondos de la Unión Europea (...) se apropie de ellos y sin justificación legal alguna no revierta las mismas en las empresas", censura el empresario en su querella.

De los Santos solicitó la suspensión de las multas por la querella judicial, pero Empleo la rechaza en su resolución porque no imposibilita el pronunciamiento del acta de infracción.

Tanto la Inspección de Trabajo, respaldada por la Dirección General de Trabajo de la Junta, como el sindicato CC OO en Granada, acusan al administrador de MFK de haberse lucrado gracias a la contratación de discapacitados, a los que no les pagaba y despedía mientras estaban en periodo de práctica.