Plan antibarracones

Entre 18.000 y 19.000 escolares estudiarán el curso 2011-2012 en las 900 aulas prefabricadas. La cifra es prácticamente similar a la del curso pasado, ya que este año entran en funcionamiento 26 centros educativos de nueva construcción que han costado 107 millones de euros y otros 27 están en ejecución, según las cifras dadas por el consejero de Educación, José Ciscar.

No obstante, el nuevo Gobierno autonómico de Alberto Fabra está preocupado por el exceso de barracones en las escuelas, situación que al anterior gabinete de Francisco Camps le valió reproches continuados por parte del Síndic de Greuges, debido al estado crónico de los barracones en algunos municipios. Ciscar atribuye la permanencia de las aulas prefabricadas, básicamente "al aumento demográfico de los últimos años", que ha dado como resultado "una población escolar que ha desbordado todas las previsiones y que no permitía construir al mismo ritmo".

Pero, para combatir esta situación, Ciscar ha anunciado que "a petición del presidente de la Generalitat, las tres direcciones territoriales están realizando un estudio de campo exhaustivo para conocer la realidad centro a centro y municipio a municipio, con el objetivo de diseñar un plan individualizado que incluye la eliminación de los prefabricados".

"La solución no tiene por qué ser la misma para todas las localidades", apuntó el consejero, "hay que ver las necesidades y las infraestructuras de las que dispone cada municipio".

En cualquier caso, Ciscar se ha mostrado partidario de reducir el "desequilibrio" entre la escolarización pública y la concertada (cuyo porcentaje cifró en 67% a favor de la pública y el resto de la privada), en base a que "más de 6.000 alumnos se han quedado sin plaza en la concertada este curso". Este dato, justifica en su opinión, la puesta en marcha de cinco centros de iniciativa social. Es decir, de gestión privada en suelo público con concesiones de 75 años, siguiendo el modelo de Madrid. Aunque el consejero ha sido tajante en que la decisión "no la tomarán los Ayuntamiento, sino la consejería en función" de los datos del estudio encargado.