Los institutos tendrán más dinero si logran mejores resultados

Del negacionismo, a la aceptación. "Que tenemos fracaso escolar, es una evidencia. Y vamos a luchar contra ello". Con esta afirmación, el nuevo consejero de Educación, José Ciscar, se cargó ayer de un plumazo ocho años de negación de una realidad, que en una década ha dejado a 160.000 jóvenes de 16 años sin graduar. Con estos mimbres, Ciscar se ha dado "seis meses" para elaborar "un borrador de trabajo para combatir el fracaso escolar" que está en el 38,5%, según la última estadística anual del Ministerio de Educación. El plan de choque contempla que cada instituto elabore su propio contrato-programa y, a cambio, recibirá financiación adicional en función del grado de cumplimiento de los resultados previamente pactados.

Para mantener el gasto y la plantilla, habrá un plan de ajuste universitario

La apuesta del Gobierno de Alberto Fabra pasa, además, porque los 517.000 parados de baja cualificación se reincorporen a la formación, mediante una nueva Ley de Formación de Adultos y las futuras pruebas libres de acceso a la Secundaria, que en enero se harán extensibles al Bachillerato.

Adecuar la Formación Profesional al tejido económico valenciano y un plan de formación del profesorado on-line (para capacitar al profesorado en inglés y nuevas tecnologías) completan este ambicioso "plan de choque", que se pretende que esté listo y negociado con todos los agentes educativos, para ser implantado en septiembre de 2013.

Ciscar anunció que todas las medidas se harán sin recortar plantilla docente ni presupuesto del sistema educativo no universitario. El "plan de ajuste" recaerá sobre las universidades. Educación ha cerrado un acuerdo con los rectores valencianos por el que "aplazará" el pago anual de la deuda a las universidades públicas, sin tocar la nómina ni el gasto corriente.

La fórmula del contrato-programa entre la Administración educativa y los centros escolares no es nueva. Funciona en Cataluña o en el País Vasco. Y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lo incluyó en 2010-2011 entre los programas de cooperación territorial 2010-2011, cofinanciados por el ministerio. Siguiendo este modelo, la Consejería de Educación se propone redactar un "borrador" que sirva de contrato marco, inicialmente, para todos los institutos de Secundaria públicos y concertados.

"Nosotros definiremos las líneas estratégicas y la letra pequeña la trabajaremos con los agentes educativos, para que esté cerrado en cinco o seis meses".

Una vez firmado el contrato, el centro educativo adquiere el compromiso de incrementar el éxito escolar de sus alumnos mediante un proyecto propio de mejora y la Administración se compromete a facilitar recursos adicionales, en función de los resultados obtenidos.

Ciscar aventuró ayer, en la primera rueda de inicio del curso escolar que arranca mañana para los 556.208 alumnos de Infantil y Primaria, que la idea pretende "estimular" a los centros y los equipos directivos y docentes para que ellos se fijen "sus propios objetivos". Por ejemplo, obtener mejores resultados en las pruebas de evaluación diagnóstica, número de graduados por curso, la implantación de grupos flexibles o medidas de refuerzo y apoyo desde los primeros cursos de la ESO.

El modelo del contrato-programa fue sugerido en julio por la asociación profesional de directores. Nada más tomar posesión Ciscar inició una ronda de contactos con todos los agentes educativos, enfrentados hasta entonces con el anterior titular de Educación, Alejandro Font de Mora, por la política de ocurrencias y de persecución y sanciones a los equipos directivos.

En el encuentro, en el que participaron la secretaria autonómica, Auxiliadora Hernández, la responsable de la nueva Dirección General de Educación y Calidad Educativa, Beatriz Gascó, y el director General de Centros, Rafael Carbonell, los directores propusieron, entre otras, esta medida porque "funciona bien en otras autonomías".

El curso comenzará con "normalidad", aventuró ayer Ciscar. Aunque, la principal denuncia de los sindicatos en este inicio de curso escolar es el "abandono" de la educación infantil, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años, informa Ezequiel Moltó. Según Consuelo Navarro, secretaria de CC OO en Alicante, la Comunidad Valenciana es la "última" en ejecutar el Plan Educa 3, que sólo se ha cumplido en un 5%. En el territorio valenciano solo hay 33 escuelas infantiles públicas, y el resto son privadas o municipales. Miguel Ángel Vera, secretario general de enseñanza, advirtió que "la crisis en Ciegsa [la empresa pública de construcciones escolares] pueda paralizar la creación de nuevos centros" y exigió que la actual situación de crisis y restricción presupuestaria "no la pague la educación". El sindicato esperará al mes de octubre, a ver como evoluciona la negociación con la consejería, para decidir si emprende nuevas movilizaciones en defensa de la escuela pública.