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¿Reformar qué?

Aunque ha costado mucho entenderlo, todos vamos aceptando que la crisis de 2008 no es una crisis que se solucione con medidas coyunturales, sino que exige reformas. Sin ellas, se repetirá. Desgraciadamente, ya estamos llegando a esta situación. Algunos países están en claro peligro de recaída; otros no tenemos este peligro ya que todavía no hemos salido de la primera...

Recuerdo que hace aproximadamente un año escribí algo así como: "Si los Gobiernos no reforman los mercados financieros, los mercados nos van a reformar a todos". Lo he recordado estos días. No se han reformado todavía los mercados, y ellos ya nos han reformado la Constitución.

No me opongo frontalmente a la reforma constitucional. Aumentar el rigor en los presupuestos públicos y, sobre todo, evitar la costumbre sistemática de gastar más de lo que se ingresa, es algo que va en la buena dirección, como debería ser en cualquier economía familiar o privada. El déficit y el endeudamiento deben estar reservados a financiar según qué tipo de inversiones rentables y a resolver problemas de carácter coyuntural en momentos de crisis, no a vivir normalmente a crédito. Tengo una objeción menor: no estoy seguro de que la reforma de la Constitución sea el mejor camino para conseguir este objetivo, por la rigidez que introduce en la vida política. Y otra objeción más grave: la forma como se ha hecho, fruto de las prisas y de la presión que han ejercido los mercados, pasando por Berlín y por Fráncfort. Espero, aunque no se nos haya explicado, que ceder a la presión haya conducido a un pacto que tiene como contrapartida el compromiso de la creación de eurobonos y el compromiso inmediato de la compra de deuda española por parte del BCE, lo que salva posibles situaciones muy peligrosas para la economía española en las próximas semanas y justifica, en parte, la medida.

Es urgente desendeudarse para recuperar la libertad de la política y poder poner en su sitio al sector financiero

Lo que quiero poner de manifiesto es que la modificación de la Constitución no es fruto de una decisión del Parlamento español, ni de Zapatero ni de Rajoy, ni tampoco una imposición de Merkel o de Trichet (aunque todos hayan intervenido en la cadena causal, y cada uno revindicará sus méritos ante su parroquia local) sino del sometimiento de todos ellos a una inexorable amenaza aparecida en el horizonte contra el euro y contra la deuda española (no solo la del Estado, también la autonómica, la de los bancos y la de las empresas, etcétera). Insisto: son los mercados financieros los que nos han reformado la Constitución, un documento que, aunque de forma irracional, parecía intocable para muchos de los que lo han votado. ¿Cómo hemos llegado a esto que a algunos puede parecer increíble?

Pocos meses después del estallido de la crisis, se hizo una lista de reformas necesarias para solucionarla y evitar su repetición. Se escenificó en algunas de las primeras reuniones del G-8 y del G-20 e incluso se llegó a presentarse como una reforma del capitalismo. ¿Cuál es el balance de lo hecho en estos dos años? Se han hecho reformas en bastantes países, pero se ha obviado la principal, la de los mercados financieros globales. Con ello se ha producido lo contrario de lo que se esperaba: muchas de las reformas que se han hecho -algunas totalmente necesarias y justificadas- se han hecho al ritmo que han marcado los mercados y en la dirección que ellos han fijado, ya que se han hecho explícitamente para "dar confianza a los inversores".

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El escenario es patético: unos Gobiernos endeudados porque no se atreven a subir los ingresos deben acudir a los mercados a financiarse y son los inversores (a través de las agencias de rating) los que deciden qué medidas de reforma contribuyen a dar esta confianza: reducir el gasto, disminuir el papel de los servicios públicos, pero nunca aumentar los impuestos sobre la actividad financiera ni regular estos mercados. Los Gobiernos actúan al dictado y se va cerrando el círculo.

Es urgente desendeudarse para poder romperlo, pero el sacrificio que supone debe tener como objetivo recuperar la libertad de la política para poner en su sitio al sector financiero. ¡Qué poco han sabido los partidos socialdemócratas explicar que las reformas -que no podían obviar- se justifican con esta finalidad! Esta falta de proyecto ha producido incomprensión y desafección y ha beneficiado a los partidos de la derecha, en muchos casos aliados del poder financiero, y que en todo caso conviven bien con él.

Joan Majó es ingeniero y exministro.

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