La Audiencia rechaza la querella contra las agencias de calificación
La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite la querella presentada por el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida (IU) y la asociación ATTAC contra las agencias de calificación de riesgos Standard & Poor's, Moody's y Fitch. El auto, firmado por el juez Ismael Moreno, explica que los informes que estas tres agencias han publicado sobre España no constituyen un delito ni se puede inferir de ellos el uso de información privilegiada. Los querellantes han anunciado que recurrirán la decisión de la Audiencia.
La querella, que interpuso en febrero el Observatorio y a la que se sumaron posteriormente IU y la Asociación por la Tasación de las Transaciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), se refería a las rebajas aplicadas por estas compañías a la deuda soberana española entre 2009 y 2010.
El auto conocido ayer rechaza que estas agencias difundieran falsedades sobre la deuda española y también que utilizaran información privilegiada, aunque sí reconoce que "se equivocaron gravemente", aunque matiza que "no fueron las únicas".
Errores
La Audiencia Nacional indica que políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y expertos a escala mundial se equivocaron "en la previsión de la crisis y sobre todo en la apreciación de su extraordinaria magnitud". En concreto, recuerda que un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido este año que el organismo "desoyó entre 2004 y 2007 las señales de alerta, y se mostró complaciente con los países ricos".
En julio, la Fiscalía Anticorrupción rechazó investigar a las agencias de medición de riesgos, pese a que reconocía que su actuación perjudicó económicamente a España, dada la "relación directa" entre las revisiones a la baja aplicadas al país y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de deuda pública. Sin embargo, Anticorrupción rechazó llevar a cabo una investigación penal al considerar que no había indicios de delito contra el mercado y los consumidores españoles.
El auto del juez Ismael Moreno señala que, si bien los informes de las agencias tuvieron consecuencias negativas para España, no se redactaron con el propósito de perjudicar al país y alterar el funcionamiento del mercado.
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