Condenados cinco militares bolivianos por genocidio

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia condenó ayer a cinco militares y dos exministros a penas de entre tres y 15 años de cárcel por la represión de unas protestas en 2003 en La Paz, que dejó 64 muertos. En el proceso por delito de genocidio están también incluidos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras nueve personas, que se han refugiado fuera del país.

La sentencia por delito de genocidio en la modalidad de "masacre sangrienta" afecta como cómplices y autores mediatos a los exministros de Trabajo, Adalberto Kuajara, y de Desarrollo, Erick Reyes Villa, con tres años cada uno; al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, y al excomandante del Ejército, general Juan Véliz Herrera, con 15 años y 6 meses, cada uno; a los excomandantes de la Fuerza Aérea y Naval, general José Quiroga Mendoza y almirante Luis Alberto Aranda, con 11 años, y al exjefe del Estado Mayor, general Gonzalo Rocabado, con 10 años.

Los hechos se remontan a octubre de 2003, durante las revueltas contra la política económica del Gobierno y la decisión de exportar gas natural a través de puertos chilenos. La represión con armamento de guerra se saldó con 64 civiles muertos, muchos de ellos ajenos a la protesta, y 450 heridos, la mayor parte por bala. Las movilizaciones, que encabezaba el entonces líder sindical y hoy presidente Evo Morales, provocaron el derrocamiento de Sánchez de Lozada.

El abogado Rogelio Mayta, impulsor del juicio político contra Sánchez de Lozada, aseguró que el próximo paso es conseguir la extradición del ex presidente y de sus colaboradores, refugiados en Estados Unidos y Perú. El fiscal general, Mario Uribe, anunció la creación de un equipo de profesionales encargado de lograr este objetivo, al declarar su satisfacción por el fallo del tribunal de sentencia.

Las calles aledañas al Palacio de Justicia fueron escenario de algarabía. Decenas de familiares de las víctimas se abrazaron entre llantos y risas. No era la sentencia que se esperaba. Los abogados dijeron que las penas eran blandas y uno de los deudos aseguró que han sido "sentencias cariñosas", pues esperaban la máxima pena, que en Bolivia es de 30 años sin indulto. Pero también hubo llanto entre los familiares de los exfuncionarios que optaron por quedarse en el país, convencidos ellos de su inocencia.

El general Véliz lamentó que en el proceso no se haya incluido a todos los actores, entre ellos dirigentes políticos y líderes sindicales, cuya participación en los trágicos hechos de octubre de 2003 no fue investigada por los fiscales. El excomandante anunció que solicitará una auditoria jurídica internacional que contribuya a un verdadero esclarecimiento de los hechos, los más negros de la historia democrática del país.

Véliz deploró que tampoco se haya investigado a los responsables de las gravísimas lesiones, algunas fatales, que sufrieron policías y militares; tampoco se inquirió y no han sido procesados los culpables de delito de sedición. Algunos analistas han criticado el proceso por considerar que tiene motivaciones políticas.