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Guadalix se blinda contra el 15-M

El Ayuntamiento de la localidad aprueba una ordenanza que prevé multas de entre 750 y hasta 3.000 euros para quienes hagan "uso impropio" de la calle

El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (2.500 habitantes), gobernado por el popular Ángel Luis García Yuste, es el primer Consistorio que aprueba una ordenanza contra el Movimiento 15-M. Una vez que la nueva normativa sobre convivencia ciudadana en la localidad entre en vigor -ahora mismo está en periodo de información pública-, las personas que ocupen las calles tendrán que contemplar un amplio abanico de sanciones con multas de entre 750 euros para las infracciones leves hasta los 3.000 para las más graves. En el caso de que los infractores no sean residentes en el municipio, la normativa permite que la autoridad local les ofrezca "la posibilidad de hacer efectiva de forma inmediata la sanción". Si la persona que incumpla la normativa no pudiese ser identificada, los agentes podrán solicitarle que les acompañe a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar la identificación, "por el tiempo imprescindible".

La alcaldía asegura querer prevenir "actuaciones perturbadoras"

IU dice que la medida obliga a los ciudadanos a actuar de informadores

Entre las prohibiciones de la ordenanza, aprobada el 11 de agosto, destacan las que parecen tener como objetivo frustrar cualquier movimiento de protesta callejera: "Está prohibido hacer uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de forma que impida o dificulte la utilización por el resto de usuarios". El Consistorio considera "uso impropio" acampar en las vías y los espacios públicos: "Acción que incluye la instalación estable, el dormir de día o por la noche en estos espacios públicos o sus elementos, como sacos de dormir, mochilas, mantas, cartones o similares; o en tiendas de campaña, vehículos o autocaravanas".

En el artículo sobre la organización de actos en espacios públicos, la ordenanza se muestra todavía de una forma más clara contra el 15-M, al indicar que el Ayuntamiento podrá denegar la autorización para celebrar actos festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios públicos donde se pretendan realizar cuando "puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el civismo". Además, el Ayuntamiento indica que la autoridad municipal, "motivando y ponderando adecuadamente su decisión", podrá denegar la celebración de actos cuando lo aconsejen las circunstancias, entre otras "las políticas e institucionales". Asimismo, el equipo de Gobierno local obligará a los promotores de cualquier actividad a suscribir una póliza de seguro y el depósito de una fianza para responder de posibles deterioros.

También quedará proscrito el reparto de carteles, octavillas y folletines. Las personas que promuevan la contratación o difusión del mensaje responderán directamente y solidariamente de las infracciones que determine el Consistorio.

Pero la ordenanza va más allá de la confrontación con el Movimiento 15-M. En su artículo 55, referente a la protección de los derechos fundamentales a la vida y la inviolabilidad del hogar, la ordenanza regula además los actos en los espacios públicos que alteren el sosiego de sus habitantes. "Salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y peatones mediante el funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales o análogos, así como cantos, gritos, peleas o cualquier acto molesto". La reproducción musical en las vías públicas requerirá de la previa autorización municipal.

Para erradicar este tipo de conductas en Guadalix, la ordenanza cita la necesidad de que la labor de la policía cuente con el apoyo de la colaboración de los ciudadanos. Los hechos que constaten los agentes de la autoridad tendrán un valor probatorio. En cuanto a los vecinos, el artículo 66 recuerda que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, y que si el Consistorio lo determina podría ser anónima, declarando "confidenciales" las señas del denunciante.

La ordenanza también prohíbe los juegos que por su naturaleza puedan causar "molestias" a los vecinos y peatones. También acaba con los juegos que incluyan apuestas. Los policías locales podrán intervenir el dinero que sea aprehendido. También prohíbe el tarot, la videncia, los masajes y otras actuaciones "análogas", sin especificar cuáles. Los organizadores de los eventos, en los que por ejemplo unas personas jueguen a la pocha o se den un masaje, podrán ser sancionados con hasta 3.000 euros.

Según denuncia el grupo municipal de IU-Los Verdes, que cuenta con un único concejal en el Consistorio -el resto se lo reparten el PP (siete), el PSOE (tres) y Unión Centrista Liberal (dos)-, la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, respaldada por los votos de PP y PSOE, es simplemente "aterradora". Según consta en la providencia de la alcaldía, en la que no se cita al 15-M, su objeto es "favorecer el normal desarrollo de la convivencia", prevenir "actuaciones perturbadoras", posibilitar "el buen uso de los bienes de uso público" y proteger y conservar "las instalaciones del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio". Sin embargo, en opinión de IU, lejos de fomentar la convivencia lo que trata es de "enfrentar a los ciudadanos entre sí, obligándoles a actuar de informadores sobre las actividades de sus vecinos, al estilo de una dictadura o de la Stasi alemana".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de agosto de 2011