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La Generalitat pone más trabas a la apertura de nuevas mezquitas

Los centros de culto deberán tener en cuenta la "tradición" y la "historia" local

Los musulmanes y evangélicos, las dos comunidades con más pujanza en Cataluña, lo van a tener aún más difícil para abrir nuevas mezquitas e iglesias. La Generalitat ha decidido reformar una norma aprobada en 2009 por el tripartito para incluir una referencia a la "tradición" y a la "historia" como elementos que los nuevos centros de culto deben "tener en cuenta". La norma que prepara el Gobierno de Artur Mas suprime, además, la obligación impuesta a los Ayuntamientos de modificar sus planes urbanísticos para prever suelo de uso religioso. Esta decisión quedará ahora a criterio de los Consistorios "en función de las necesidades" de cada cual.

El anteproyecto de ley, que el Ejecutivo aprobará el 13 de septiembre, detalla que las condiciones técnicas y materiales de los nuevos centros de culto "han de tener en cuenta las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y el impacto sobre los elementos artísticos". Aunque el redactado es ambiguo, sugiere que el aspecto exterior de los oratorios islámicos, por ejemplo, deberá armonizar con su entorno y evitar formas que no encajen en la "historia" local.

La ley no especifica qué implica "tener en cuenta" ni qué se entiende por "tradición". ¿Quiere eso decir que no será posible construir oratorios islámicos con la forma arquitectónica tradicional de una mezquita, o sea, con arcos, cúpula o minarete?

La Generalitat remite a la autonomía municipal. "Se trata de dar pistas a cada Ayuntamiento. Los centros de culto se han de adecuar a las fachadas de otros edificios. Pero las propias confesiones tienen que pensar si lo importante es la fachada o lo que hay dentro", explica el director general de Asuntos Religiosos, Xavier Puigdollers. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Alt Empordà) vetará el proyecto de una mezquita porque su fachada de elementos árabes rompe con la tradición.

Los críticos con la reforma, como el exsecretario de Inmigración, Oriol Amorós, creen que las alusiones a la historia o la cultura "sobran" en la ley. "Bastaba con decir que hay que respetar las normas urbanísticas, como todos", explica Amorós.

"Lo que quizá pretende la ley es que haya un proceso de mimetización de las mezquitas con su entorno, como ha pasado ya en algunos países europeos. Y evitar, de paso, elementos arquitectónicos que provocan rechazo, como los minaretes", sintetiza Jordi Moreras, sociólogo y experto en mezquitas e islam.

La norma también prevé que la ocupación temporal de la calle o la cesión esporádica de equipamientos públicos para fiestas religiosas debe tener en cuenta el "grado de implantación y arraigo de cada una de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas".

El anteproyecto de ley ha sido criticado por entidades musulmanas y evangélicas porque, en la práctica, supone un límite al derecho a la libertad religiosa que consagra la Constitución. El Consejo Evangélico ha presentado alegaciones al anteproyecto porque "supone un paso atrás muy grande", según su secretario general, Guillem Correa. A su juicio, la Generalitat da otra vez "libertad a los Ayuntamientos para que hagan lo que quieran, sin una normativa homogénea" al dejar al criterio de cada uno de ellos la previsión, o no, de espacio para uso religioso. El Gobierno justifica la medida en que la obligación de cambiar los planes urbanísticos "había causado muchos problemas: son trámites largos y costosos para los municipios", precisa Puigdollers.

Otra década en precario

La ley de 2009 fija las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad, entre otras, que deben cumplir los centros de culto. Y da a las comunidades cinco años para adaptarse a la norma. La reforma impulsada por CiU prevé alargar ese plazo de adaptación hasta los 10 años. "Las comunidades están haciendo esfuerzos para adaptarse, pero muchas no tienen recursos y necesitan tiempo", justifica el director de Asuntos Religiosos, Xavier Puigdollers.

Los críticos con la reforma, entre ellos Amorós, replican que la moratoria "cronifica" el problema de la precariedad de los locales de culto, en especial los islámicos, que por lo general están situados en locales comerciales y bajos de edificios. Una opinión similar comparte el experto Jordi Moreras, quien afirma que se prolonga así "la situación de precariedad de los espacios".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de agosto de 2011

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