Barcelona tolera guarderías privadas sin licencia por falta de plazas públicas

Un pacto no escrito permite que decenas de guarderías privadas de Barcelona sigan abiertas pese a carecer de la obligatoria licencia municipal. Sobre algunos de esos centros, que educan a niños de hasta tres años, pesan órdenes de cese de la actividad e incluso de precinto. Pero no se ejecutan porque la falta de plazas públicas que padece la ciudad pesa más que una situación de irregularidad administrativa.

Joan Lluís Liste, propietario de La Granota, presentó una demanda en el juzgado contra cuatro centros "ilegales" del Eixample que reciben dinero público. Hace tres años, el Ayuntamiento hizo público que iba a clausurar su guardería por carecer de "licencia de actividad", una actuación "injusta" que provocó un alud de llamadas de los padres, hizo caer en picado las matriculaciones (pasó de 300 a 50 alumnos) y obligó a este veterano de la educación infantil a prescindir de 30 trabajadores. "He perdido alrededor de un millón de euros", dice.

La Granota no llegó a cerrar "ni un solo día" y obtuvo una adecuación ambiental "favorable" del Consistorio. Liste contraatacó en los juzgados y trata de reponerse del golpe con una matrícula por 295 euros "con todo incluido" en su inmensa guardería del Eixample. Ha pedido al juzgado el cierre de cuatro guarderías "que carecen de licencia y aun así siguen funcionando".

La lucha de Liste ha destapado el problema de la falta de licencias en las guarderías privadas. En su escrito de respuesta a la demanda, el Ayuntamiento aclara que, de los cuatro centros para los que se pide el cierre, uno ya dispone de licencia y el otro está en trámites de obtenerla. Pero admite que la falta de licencia municipal "no es un hecho aislado", sino que "afecta a una serie de guarderías que tienen autorización del Departamento de Educación, pero no tienen permiso para ejercer la actividad".

Los centros implicados son los más "antiguos", ubicados "en primeras plantas o entresuelos de edificios de vecinos" que "están teniendo problemas para adaptarse a los cambios de normativa", prosigue el escrito. Aunque no dan cifras, los servicios jurídicos concluyen que, "dadas sus características", estas guarderías no van a poder "cumplir con toda la normativa vigente". En la misma línea, el concejal de Educación, Gerard Ardenuy, reconoce que un número desconocido de las 200 guarderías privadas y concertadas de Barcelona "están en una situación de alegalidad". Y admite que, aunque el Ayuntamiento "intentará hacer que se cumplan las normas", en algunos casos no será posible hacerlo.El problema va más allá de la función inspectora y plantea el dilema entre la obligación de hacer cumplir la ley y la necesidad de cubrir la demanda educativa. La falta de plazas públicas para niños de hasta tres años está en el fondo del asunto. El curso pasado, el Consistorio apenas pudo atender el 38% de las peticiones. El sector privado suple ese vacío. Lo admite el Ayuntamiento en su escrito al juez: "Las guarderías privadas facilitan la tarea educativa del primer ciclo y ayudan a cubrir las necesidades actuales". Y añade que, pese a la falta de permisos, "se ha de ponderar la innegable necesidad de continuar prestando el servicio garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad imprescindibles".

Ardenuy admite también que esos centros tienen un papel clave: "Si las condiciones técnicas de las guarderías privadas se adaptan y garantizan la calidad del servicio...", concede. Por ese motivo, plantea que quizá deba recorrerse el camino inverso: un cambio en las normas que permita a las guarderías obtener la licencia. Siempre que, matiza, "se garantice la seguridad de los usuarios". El concejal prevé mantener conversaciones en esa dirección con los responsables del Departamento de Educación de la Generalitat.

Las normas sobre guarderías se han hecho más estrictas a medida que los poderes públicos han dado más importancia a la educación en la primera etapa de la vida. La ley vigente de "guarderías de calidad" fue aprobada por el Gobierno tripartito en 2006. Prevé que los centros privados requieren de una autorización administrativa -al margen de la licencia municipal- y que deben cumplir requisitos de seguridad, higiene, salubridad y accesos. Por ejemplo, deben tener acceso independiente desde un espacio público; dos metros cuadrados de aula por niño y un patio al aire libre de, al menos, 75 metros cuadrados. Hay algunas excepciones y moratorias para los centros más antiguos, aunque de todos modos deben acometer reformas.

El año pasado, Barcelona ofertó 3.315 plazas públicas de guarderías, el 38,1% de la demanda. En la ciudad existen 77 centros públicos y 202 entre privados y concertados, que concentran la mayoría de los 16.383 alumnos de hasta tres años.

El propietario de La Granota conoce de primera mano los cambios en la educación infantil. Cuando inauguró la guardería, en 1978, dispuso de una licencia de Gobernación. Desde entonces ha tenido que adaptarse. Se muestra dolido con el anterior gobierno municipal porque su guardería, dice, "es una de las mejores, si no la mejor, de la ciudad" y tiene "un espacio inmenso" -590 metros cuadrados de aulas- e "instalaciones de calidad", relata Liste, que también ha vencido en los juzgados a algunos vecinos que le denunciaron porque los niños y sus padres usaban uno de los cinco ascensores de la finca para entrar en la guardería. "Sigo adelante porque esto es toda mi vida, pero el daño ya me lo han hecho".