Nuevos aires 'antimezquitas'

Plataforma por Cataluña (PxC), aupada por un no desdeñable número de votantes, está dispuesta a hacer suyas las actitudes y soflamas más xenófobas del resto de Europa. Salt ha sido el escenario de la última algarada organizada por el partido, en contra esta vez de la construcción de mezquitas en el pueblo, después de la vergonzante persecución de dos concejales por el terrible delito de enamorarse de sendos inmigrantes.

El Ayuntamiento de Salt, presionado por PxC, ha decidido suspender durante un año la concesión de nuevas licencias para construir centros de culto. Es la consecuencia de un lío montado no por los fieles musulmanes del municipio, ni los evangelistas, muy molestos con esta decisión, sino por los xenófobos que lidera Josep Anglada, para los que tal suspensión no es garantía suficiente, por lo que mantienen su convocatoria de una manifestación antimezquitas para mañana sábado.

En España se da la paradoja de que mientras las iglesias católicas se vacían por falta de seguidores, fieles de otros credos, como los citados evangelistas, desbordan la oferta de templos y deben apretujarse en espacios pequeños y mal acondicionados para llevar a cabo sus rezos u otras actividades.

A tal paradoja se une en algunos rincones como Salt una preocupante intransigencia que quiere frenar la mejora de las condiciones de culto de los inmigrantes musulmanes, que han tenido que conformarse hasta ahora con adaptar pisos, locales comerciales y naves industriales al margen de toda regulación para la práctica religiosa. Como todo es susceptible de empeorar, Anglada y los suyos cuentan con un nuevo aliado. La Generalitat, gobernada por Artur Mas, de CiU, ha dado una vuelta de tuerca y quiere echar por tierra la norma del tripartito de obligar a reservar suelo para nuevos templos, como manda la Ley de Centros de Culto.

Dos asociaciones musulmanas ya tenían el permiso para erigir una mezquita en Salt y la nueva norma del pueblo no puede revocar el proyecto, si bien, a la vista de los nuevos aires que corren en los despachos oficiales de la Generalitat catalana, corre un serio peligro.