El Gobierno y la Generalitat se enzarzan en un debate por la seguridad ciudadana

"Que no haya debate por la seguridad ciudadana". Fue la primera declaración de intenciones de la delegada del Gobierno, Ana Botella, en la rueda de prensa de ayer. No obstante, Botella había convocado a los medios de comunicación para presentar los datos de inversión en seguridad ciudadana y, de paso, para rebatir al consejero de Gobernación, Serafín Castellano que, en una entrevista concedida días, atrás criticó la gestión de la Delegación del Gobierno en lo que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana se refiere.

Botella abrió fuego asegurando que su comparecencia tenía como objetivo, no dejar pasar las afirmaciones de Castellano e impedir que el consejero haga "el ridículo". "Por eso he venido", aseguró la delegada del Gobierno tras afirmar que no es lo habitual, ya que los datos de seguridad se ofrecen esporádicamente, para evitar la alarma social.

La raíz de la polémica se encuentra en una entrevista publicada el pasado domingo 21 por el diario ABC en que Castellano cuestionó los datos de seguridad ofrecidos por la Delegación del Gobierno, que reflejaban una caída de la tasa de delincuencia, y acusó al Ministerio de Interior de opacidad por no dejar claro el método de elaboración de las estadísticas. No solo eso, denunció, una vez más, una supuesta merma de las inversiones y la presunta negativa a cofinanciar las obras en los cuarteles y comisarías en la Comunidad Valenciana.

Botella repasó las cifras cuestionadas por Castellano y defendió la gestión del Gobierno que, según los datos del ministerio ha incrementado las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en un 61,5% desde 2003 (último año de legislatura de los populares en el Gobierno central).

Si el consejero había asegurado que la ratio de efectivos policiales en la Comunidad Valenciana estaba por debajo de la media nacional, Botella lo desmintió asegurando que, con un 2,9 por cada 1.000 habitantes, supera la media del conjunto del Estado.

De inversiones también habló Botella, que aseguró que el Gobierno ha destinado a infraestructuras hasta 98 millones de euros en las dos últimas legislaturas a través de dos vías: la ordinaria, mediante los presupuestos generales del Estado; y la extraordinaria, a través del Plan E.

La delegada del Gobierno explicó el método de elaboración de estadísticas que Castellano considera opaco. Según Botella, los criterios que se siguen son los mismos en toda la Unión Europea y se rinden en sede parlamentaria. El consejero había asegurado desconocer si se incluían los delitos y las faltas o solo unos u otros. "Admitiendo que estamos por encima de la media, la evolución es lo importante, puesto que en 2002 era de 74 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes y ahora es de 52". Para Botella es lógico que las autonomías más grandes y las fronterizas tengan mayor índice de delincuencia que las más pequeñas e interiores.

Respecto a la negativa de la delegación a firmar un convenio de cofinanciación con la Generalitat, Botella aseguró que ya existe la obligación -incumplida, a su juicio, por el Consell- de financiar infraestructuras al 50% entre las dos Administraciones. "¿Cómo vamos a firmar un convenio con el grado de incumplimiento que ya tienen?", adujo.

Por último, Botella señaló que la seguridad en el campo y las urbanizaciones es una competencia de la Delegación del Gobierno y que, las propuestas serias al respecto las hacen las Juntas Locales de Seguridad y no la Consejería de Gobernación.