ANÁLISIS

Pobreza política ante la pobreza humana

Solivianta el espíritu de una servidora atendiendo a sus lecturas estivales el que se ponga en solfa, a un mismo nivel y en los mismos medios, el hundimiento generalizado de las Bolsas, como consecuencia, entre otras, de la especulación financiera y la investigación sobre un supuesto fraude en alguna de las ayudas sociales concedidas en la prestación conocida como RMI, destinadas a personas en situación de pobreza o de máxima fragilidad social.

Durante todo el mes de agosto, día a día, ha ido apareciendo en los medios de comunicación la situación que se ha producido con los cambios efectuados por el Gobierno catalán en el pago de la RMI con la justificación, según dicen, de implementar medidas de control que acaben con el fraude. He podido leer la noticia con la repetición exacta de uno o dos párrafos en días seguidos. ¿De qué fraude estamos hablando?

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Paradójicamente, parece ser que siguen la pista que alguna entidad bancaria ha señalado, de que son conocedores de que algunos de sus clientes perciben dicha ayuda, renta mínima de inserción, y realizan transferencias al extranjero.

Las medidas adoptadas están ocasionando inestabilidad y sufrimiento en el colectivo más vulnerable e indefenso y demuestran poca sensibilidad hacia estas situaciones y poca confianza en los profesionales que desde los Ayuntamientos estudian, evalúan y hacen seguimiento de los beneficiarios de las ayudas. Se ha creado una situación de indefensión forzosa, algunos no saben cómo afrontarlo y no tienen voz: son los que tienen que sufrir la burocracia administrativa en su peor cara.

Estamos de acuerdo en potenciar medidas de control en general y en eliminar las situaciones de fraude, aunque lamento que no se dé prioridad a perseguir el fraude de aquellas personas que tienen relación directa con la recesión económica en la que estamos inmersos, y que se haga de manera inadecuada "criminalizando" a quienes no tienen las necesidades básicas cubiertas, como la vivienda y la alimentación.

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Estar centrados en la RMI distrae la atención de otros fraudes, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, afecta a la dignidad de las personas más necesitadas y las hace sentir aún más vulnerables.

La gestión, precipitada, descontrolada y no compartida, en el mes de agosto, de supuestas medidas de control de las prestaciones sociales básicas no ha tenido mayores consecuencias debido al importante tejido de entidades sociales que han reduplicado sus esfuerzos para, una vez más, estar al lado de las personas que más lo necesitan.

En esta época que estamos viviendo marcada por la incertidumbre, la vulnerabilidad y la segregación social, proteger la cohesión social es clave para prevenir y evitar situaciones que generen mayores desigualdades y explosiones de violencia, que están ya apareciendo en algunas sociedades, con el consecuente incremento de la inseguridad, y que provocan, también, grandes deseconomías. Es necesario ver la cohesión social en clave de crecimiento económico, creación de ocupación y mejora de la sociedad para afrontar de manera compartida los retos planteados. Hay que considerar la inversión social una exigencia para salir de la recesión económica, que en buena medida tiene sus raíces en la crisis social y de valores que estamos viviendo.

Hay cambios y medidas de control que, si se planifican adecuadamente, ni perjudican la credibilidad del buen hacer de un Gobierno ni hacen sufrir a los ciudadanos. Albergo aún la esperanza de que haya cierta autocrítica y rectificación para continuar también con la esperanza de que una sociedad mejor es posible.

Àngels Guiteras Mestres es presidenta de la Taula del Tercer Sector Social

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