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Leganés pagó 360.000 euros a La Cubierta por un servicio gratuito

El Ayuntamiento se enfrenta al empresario de la plaza de toros por la concesión

Juan Diego Quesada

La empresa concesionaria de la plaza de toros La Cubierta de Leganés, Asuntos Taurinos y Espectáculos, SL, ha cobrado 360.000 euros del Ayuntamiento por los encierros que se han celebrado en la ciudad a pesar de que en el pliego de condiciones del contrato se estipulaba que la compañía estaba obligada a organizar dos ferias taurinas anuales de forma gratuita, según informaron fuentes municipales. Este año es el primero que un alcalde, en este caso Jesús Gómez (PP), recurre a un bando para que la empresa cumpla el contrato y no perciba indemnización alguna. Asuntos Taurinos considera que la medida es ilegal y reclamará en los tribunales una compensación.

El empresario Julio Torres, al hacerse con la concesión en los años noventa de la plaza durante 75 años, se comprometía a esto pero el servicio jurídico de la empresa entiende que "organizar dos ferias taurinas", una cláusula que no aparece más detallada en el contrato, no le obliga a hacerse cargo. Por este asunto pleiteó con los dos anteriores alcaldes socialistas de Leganés, José Luis Pérez Ráez y Rafael Gómez Montoya. Ante la negativa de Torres de no cobrar por este espectáculo, los dirigentes aplicaron "un secuestro de la concesión" durante los festejos. Torres denunció esta práctica y los juzgados le dieron la razón: recibió una indemnización que tuvo que pagar el Ayuntamiento que ronda los 240.000 euros, un varapalo para las arcas municipales. El año pasado, Gómez Montoya no quiso seguir pleiteando con él y accedió a pagarle 120.000 euros para que las puertas de la plaza estuviesen abiertas. Por una cosa o por otra, el Ayuntamiento acababa apoquinando siempre por un servicio que, según estipula el contrato, debía correr a cargo de la concesionaria.

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Este año la polémica ha vuelto a surgir. El empresario amagó con cobrar 12 euros por entrada para forzar al Ayuntamiento a negociar, pero no lo consiguió. Gómez eludió el vericueto del secuestro, visto los malos resultados que había dado en el pasado, y echó mano de un bando. Al fin y al cabo, el Ayuntamiento, por un decreto de festejos de 1965, tiene la potestad de fijar el precio de las entradas en los festejos taurinos.

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¿Golpe de efecto? Gómez Montoya (PSOE), ahora en la oposición, considera que el actual alcalde "miente" al decir que van a ser gratuitos los encierros porque, a su juicio, un tribunal "puede estimar que se tenga que pagar cinco veces más", un millón de euros en total, si el año que viene se repite la operación y sigue sin haber acuerdo con los gestores de La Cubierta. Los socialistas, con el mismo decreto que usó Gómez en la mano, interpretan que el empresario puede acogerse a un apartado en el que se dice que en caso de obligarle a fijar los precios deberá recibir una compensación económica. El cálculo que hacen para fijar la indemnización es el resultado de sumar el aforo de La Cubierta durante los tres días de encierro y un hipotético precio de 12 euros. Esta es la visión de los socialistas, falta por ver cómo se desarrolla el conflicto en los tribunales.

Gómez, ataviado ayer con un pañuelo durante la celebración de los encierros, parece no inmutarse. "No ha hecho falta que la policía abriese por la fuerza las puertas para que esto fuese gratis", razonaba en la galería de la plaza nada más terminar el primer día de festejos. Durante los mismos, dos personas resultaron heridas leves. El concejal Juan Manuel Álamo replicó con dureza a la crítica del PSOE: "El portavoz socialista de la oposición debe tener línea directa con el abogado del empresario concesionario de La Cubierta puesto que afirma textualmente que el citado empresario ya ha denunciado al Ayuntamiento cuando nosotros no tenemos notificación de denuncia alguna".

El Consistorio, años atrás, visto lo conflictiva que es la relación con el empresario y los problemas que han generado las discotecas instaladas allí, se planteó ejecutar un rescate completo y quedarse así con la gestión. Los estudios que se encargaron resultaron muy dispares, y el asunto finalmente se desestimó.

El empresario Julio Torres estaba ayer de viaje, según su entorno, y no podía dar su opinión sobre este asunto. Apenas existen fotos de él y no es muy dado a los actos públicos.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Es el corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador de EL PAÍS América en 2013, en la sede de México. Después pasó por la sección de Internacional, donde fue enviado especial a Irak, Filipinas y los Balcanes. Más tarde escribió reportajes en Madrid, ciudad desde la que cubrió la pandemia de covid-19.

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