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EL 'CASO DE MIGUEL'

El juez indaga operaciones sospechosas por más de 13 millones de euros

Los principales casos son una adjudicación en Amurrio y la 'operación Zambrana'

Las operaciones sospechosas del caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción urbanística que implica a ex altos cargos del PNV y está investigando el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, suman más de 13 millones de euros, según el último informe de los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza.

Los contratos sobre los que se indaga incluyen desde adjudicaciones a dedo de administraciones gobernadas por el PNV por trabajos cuya realización no consta a concursos públicos de los que se analiza si fueron amañados. A ellos se suman contratos por obras públicas en Ayuntamientos peneuvistas por los que la trama supuestamente cobró a un constructor afín una comisión del 4%.

De Miguel otorgó un contrato de 8,2 millones a un constructor afín
Las obras en que la Ertzaintza constata comisiones del 4% suman 430.000 euros

También hubo operaciones urbanísticas supeditadas a modificaciones normativas sobre las que el ex número dos del PNV alavés y supuesto cerebro de la trama, Alfredo de Miguel, tenía poder de decisión como máximo responsable urbanístico de la Diputación alavesa entre 2007 y 2010. Finalmente, se suman algunas operaciones mientras De Miguel fue gerente de varias industrialdeas dependientes de la sociedad pública Sprilur. Estas son las principales operaciones que se investigan.

- Pabellones en Amurrio. La operación de mayor volumen económico que figura en el informe policial es un contrato por 8,2 millones para construir unos pabellones en Amurrio que De Miguel adjudicó en 2005 cuando era gerente de la industrialdea de Ayala. La adjudicataria fue una unión temporal de empresas vinculada al constructor Prudencio Hierro, imputado en la causa. Una de sus compañías, Gestión de Recursos Baio, pagó la reforma de un piso de Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel y también imputada.

- Valle de Arana. Otra compañía administrada por Hierro, Ezkibel, cuyo capital para su constitución fue aportado por De Miguel, se llevó en 2008 en un concurso investigado por la Ertzaintza otro contrato de la industrialdea de Llodio para construir pabellones en el polígono industrial Salbarte del Valle de Arana por casi 520.000 euros. El responsable de la adjudicación es primo del presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena.

- La 'operación Zambrana'. Sidepur, firma administrada por el imputado Josu Arruti, fue introducida por De Miguel para mediar en la fallida ran recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana. Arruti firmó un contrato por tres millones de euros con un grupo de inversores catalanes que terminó interponiendo una querella por administración fraudulenta de bienes contra quien les introdujo en la operación, Francesc Fernández Joval, entonces administrador de Riera Urbanizer, compañía constituida para la operación.

Sidepur pagó casi 200.000 euros a empresas controladas por De Miguel, cuyos subordinados en la Diputación alavesa votaron junto a varios cargos públicos del PNV para tumbar los informes que hacían inviable la operación.

Los supuestos informes encargados por Sidepur a Kataia Consulting, la empresa central de la trama, han desaparecido, asegura Arruti, porque su oficina se inundó. Una empresa vinculada a Riera Urbanizer prestó 283.000 euros a varios imputados para que compraran unos terrenos en Fruniz junto a amigos y familiares. La Ertzaintza destaca que "no se ha devuelto ni pagado cantidad alguna".

- Miñano. Ainhoa Alberdi, la abogada cuya denuncia destapó el caso, asegura que De Miguel y el también exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería le exigieron "pasar por caja" y que compartiera con ellos los 441.000 euros que cobró por su labor de asesoramiento en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. El juez investiga otro contrato en el parque que ronda los 350.000 euros por si fue amañado en favor de Stoa, una empresa cercana a De Miguel.

- Cultura. Tres empresas de la trama -Errexal, Ortzi Muga y Kataia- obtuvieron 200.000 euros en contratos a dedo de la Dirección de Juventud vasca por trabajos de los que no consta su realización. Su entonces responsable, Xabier Sánchez Robles, está imputado. A ello hay que sumar 90.000 euros que se llevó Errexal por un trabajo para seis cuadrillas alavesas subvencionado por Juventud.

- Diputación de Álava. De Miguel adjudicó al menos cinco contratos a Errexal, firma que controlaba a través de terceros, según el informe policial, que suman casi 60.000 euros. La Ertzaintza investiga también una subvención concedida por De Miguel de 17.400 euros a la Fundación Naturgintza, que a su vez contrató a Errexal por trabajos que suman cerca de otros 30.000 euros más.

- 4% en Obras públicas. El informe apunta que la trama cobró una comisión del 4% a un constructor afín, Jon Iñaki Echaburu, igualmente imputado, por dos obras en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, donde gobernaba el PNV cuando fueron adjudicadas. Suman unos 430.000 euros.

- 'Txakoli' de Bizkaia. El juez investiga un presunto amaño en la adjudicación de un contrato para la gestión de la asociación Mendibile Jauregia, con sede en Leioa y dependiente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia. La empresa beneficiada, Errexal, administrada por el exedil en Leioa Iñaki San Juan, se llevó más de 170.000 euros por el mismo.

De Miguel (a la derecha) estrecha la mano de Roberto González, exportavoz del PNV en Juntas de Álava y extrabajador de una de las empresas de la trama, cuando el principal imputado acudió a declarar al Parlamento el pasado abril.
De Miguel (a la derecha) estrecha la mano de Roberto González, exportavoz del PNV en Juntas de Álava y extrabajador de una de las empresas de la trama, cuando el principal imputado acudió a declarar al Parlamento el pasado abril.PRADIP J. PHANSE

Legutiano, Málaga y otras ramas

"Alfredo De Miguel ejercía como jefe", sentenció en su declaración ante el juez instructor una trabajadora de Kataia Consulting, firma que actuaba como principal "empresa pantalla", según la investigación de la supuesta trama corrupta. El último informe policial sobre el caso apunta a una operación urbanística en Legutiano en la que De Miguel tenía intereses personales. Él mismo terminó autorizando en abril de 2008 la preceptiva modificación de la normativa urbanística en su condición de diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial.

El conocido como proyecto Lladie propició que tres pabellones industriales en la zona, tasados en tres millones de euros, según un documento de De Miguel, terminaran en manos de la compañía Ezkibel, en la que el ex número dos del PNV alavés puso los 3.006 euros para su constitución. También constan correos de su hermana Aintzane, imputada como contable de las compañías del núcleo duro de la trama, aludiendo a la actividad empresarial de la compañía, administrada por el imputado Prudencio Hierro.

El informe policial añade que otra empresa administrada por Hierro, Gestión de Recursos Baio, quiso entrar en un negocio de la mano de Construcciones Loizate, propiedad de Jon Iñaki Echaburu, igualmente imputado: la construcción de 160 viviendas en Mijas (Málaga).

La documentación hallada en poder del exdirigente del PNV alavés Koldo Ochandiano, también imputado y supuesto arquitecto contable de varias de las empresas del núcleo duro de la trama, había alusiones a varias operaciones más. Entre ellas destaca la cita de una "urbanización con campo de golf Orduña" acompañada por la suculenta cifra de "1.000 millones de euros", entre otras.

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